Los órganos judiciales de Castellón tienen bloqueados en sus arcas la cantidad de 36,37 millones de euros. El dinero está inmovilizado, a la espera de que la Justicia resuelva los distintos procedimientos que han llevado a su incautación o a su depósito provisional. Esta cifra asciende hasta los 373,65 millones en toda la Comunitat, que a su vez ocupa el cuarto lugar en España, en proporción al número de habitantes. Los datos han sido facilitados por el Ministerio de Justicia.

Todo el dinero no puede utilizarse hasta que finalicen los procesos en los que intervienen estas cantidades, aunque sí generan una serie de intereses en favor del Tesoro Público. En España, la cantidad inmovilizada alcanza los 4.400 millones de euros, y los rendimientos trimestrales en el 2019 variaron de los 17.672.203,68 euros en los primeros meses del año a los 18.276.789,28 obtenidos en julio, agosto y septiembre.

LENTITUD / Semejante masa de dinero da una idea de la lentitud con la que actúa la Justicia, al acumularse los procesos durante años. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano señalaron que esta situación pone de manifiesto el coste que conlleva olvidar las reformas que necesita esta administración para tratar de ser más rápida y efectiva.

Un ejemplo de la magnitud es la comparación con el hecho de que los presupuestos de la Generalitat para el área de Justicia prevén en 2020 un gasto de 352,7 millones de euros, con la modernización de la Administración como su objetivo clave. Es decir, la parálisis mantiene inmovilizados en los juzgados de la Comunitat más millones de euros de los que el Consell invierte anualmente en tratar de mejorar la parte de esta Administración.

En realidad, la lentitud no es responsabilidad directa del Gobierno valenciano. El grueso de las reformas, legislativas y de reorganización de medios humanos y materiales, además de mejor dotación económica, según las citadas fuentes consultadas, debería acometerse desde el Parlamento y el Gobierno central.

De los datos de la Comunitat destaca la abultada cantidad que se retiene en los órganos de Alicante, con 178 millones, por los 158 que hay en Valencia.