La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en un pujante negocio y el número de usurpaciones que llegan a los juzgados no deja de crecer. Lo hace en el conjunto de la Comunitat Valenciana y también en Castellón, donde en los tres primeros meses del año lo juicios civiles por apropiaciones de viviendas alcanzaron la cifra de 12. O lo que es lo mismo, una media de cuatro al mes.
Los datos que acaba de publicar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ponen de manifiesto cómo los juicios por ocupación ilegal empiezan a aumentar en Castellón. Y lo hacen, sobre todo, desde el mes de julio del año pasado, cuando entró en vigor la nueva ley de desahucio exprés (ley 5/2018, de 11 de junio). Desde esa fecha, y hasta final de marzo de este año, se registraron 35 y la clave está en una normativa que permite a los propietarios acudir a un juicio civil de desahucio para recuperar la posesión de sus propiedades en un corto periodo de tiempo y con menos costes. Antes, en cambio, había que llamar a la policía para identificar a los ocupantes y abrir la vía penal, lo cual era un calvario. Y los procesos podían durar varios años.
PISOS PARA MARIHUANA
Hasta que entró en vigor la nueva ley de desahucio exprés, el pasado julio, y según la multinacional VPS, la ocupación de la vivienda suponía para el propietario un gasto de 25.000 euros, que se iban en el proceso legal, la renta que se dejaba de percibir, la reparación de desperfectos y los suministros ilegales. Además, y según otros estudios, la okupación implica una depreciación del inmueble del 30-40%.
33 Una parte importante de las viviendas que se ocupan en Castellón son utilizadas para el cultivo de marihuana. Lo aseguran los expertos y lo confirman también los datos que maneja la policía. Un ejemplo. A finales del pasado mes de febrero, la Guardia Civil desmanteló una plantación de ‘maría’ en el interior de una vivienda ocupada en un bloque de pisos de la calle Geldo de Moncofa. Y este tipo de operaciones son cada vez más frecuentes.
LEY DE ENJUICIAMIENTO
Luis Herranz Ramia, del despacho de abogados Herranz Ramia de Castellón, explica que la reforma de la ley de enjuiciamiento civil influye en el alza de las demandas, como también lo hace la necesidad de los propietarios de sacar una rentabilidad de dichos inmuebles ocupados. «Bien para destinarlos principalmente a la venta o alquiler, o para poder utilizarlos como vivienda para familiares directos», puntualiza. «Y también por el repunte en los últimos años de casos de ocupación de inmuebles», concreta.
Desde que entró en vigor la nueva normativa los plazos se han acortado, aunque no lo han hecho tanto como para que se cumpla uno de los objetivos de la ley, que era recuperar la vivienda usurpada en un plazo máximo de 30 días. «Hay bastantes ocasiones en que esos plazos no se cumplen, entre otros motivos por lo saturado que puede estar un juzgado o por lo que puede oponer la persona que ocupa el inmueble en el juzgado», añade Luis Ramia.
una LEY QUE EXCLUYE A La BANCa // La normativa protege a los propietarios y también a las administraciones públicas con vivienda social, pero excluye a las entidades financieras, promotoras y fondos de inversión. «Creemos que puede ser el resquicio que aprovechen las mafias para ocupar un amplio parque de inmuebles de bancos», opina José Fuster, director comercial de la multinacional VPS, especializada en la instalación de sistemas antiokupas, quien estima que en el conjunto del país pueden haber 100.000 viviendas usurpadas. En VPS aseguran, además, que en los últimos años ha cambiado el perfil de okupa: «Nos encontramos cada día con problemas en chalés. El okupa ya no es solo una familia sin recursos que accede a una vivienda abandonada».
En la provincia de Castellón, la mayoría de los propietarios cuya vivienda ha sido usurpada son personas físicas. «En nuestro despacho apreciamos que, principalmente, los demandantes son personas físicas propietarias, en muchas ocasiones varios copropietarios de un mismo inmueble, aunque también existe un porcentaje de personas jurídicas, principalmente entidades bancarias», detalla Ramia.
Los procuradores confirman que los desahucios de okupas van claramente a más. Según estimaciones del propio Colegio Oficial de Castellón, el 90% de desahucios es de okupas. «Ocurre mucho en los pueblos, en casas que se han quedado vacías», describen desde el ente colegial.
