Los juzgados de lo Social de la provincia de Castellón sufren demoras “injustificadas”. Así se expone en el análisis realizado por el defensor del Pueblo sobre el funcionamiento de la administración de la justicia, donde se considera que en la jurisdicción castellonense existe una mayor carga de trabajo por los efectos de la crisis económica. Según manifiestan, resulta “imprescindible” que se resuelvan los casos y expedientes judiciales “para hacer efectivos los derechos económicos”.

Por su parte, el Ministerio de Justicia mantiene que no es “necesario” crear en la provincia nuevos juzgados de lo Social para resolver la situación.

Asimismo, en el informe anual publicado ayer, los datos expuestos revelan que durante el pasado ejercicio las quejas por parte de la ciudadanía de Castellón aumentaron casi un 6% con respecto al año 2014, una cifra que contrasta con el sustancial descenso que han experimentado tanto en Valencia como en Alicante. Y un dato que se extrapola al panorama nacional, donde también se ha registrado una bajada de los casos (alcanza hasta el 23,13%).

De las 17.822 quejas recibidas durante el 2015, 2.266 procedían de la Comunitat, lo que le sitúa como la segunda autonomía que ha emitido un mayor número de reclamaciones. Con respecto a las cuestiones que más preocuparon a los ciudadanos destacan las relacionadas con la justicia, economía, seguridad pública, empleo y la Seguridad Social. H