Las legislaturas autonómica, estatal y europea languidecen sin que desde las diferentes administraciones públicas llegue ni un solo anuncio de calado para un sector citrícola que, por primera vez en años, se ha echado a la calle para reivindicar el apoyo institucional en un momento muy delicado. El éxito de las concentraciones del pasado lunes, con mención especial para la de Nules, a la que acudieron alrededor de 7.000 personas de una veintena de municipios de la Plana, no se traduce aún en medidas concretas.

El secretario general de la Unió de Llauradors, Carles Peris, reconoce que en las últimas semanas las movilizaciones de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador se han traducido en «un aumento de la visibilidad mediática» y en «varios anuncios por parte de los dirigentes políticos que tienen muy poco recorrido» precisamente porque en apenas dos meses comenzará un ciclo electoral que mantendrá a las administraciones prácticamente paradas hasta al menos el mes de junio.

La sensación de que las propuestas no se materializan la comparte un presidente de Fepac-Asaja, José Vicente Guinot, que asegura (sin dar nombres) que tanto él como su entidad tomarán nota «de quién está mostrando interés y quién solo está para la foto» ante la proximidad de las distintas citas electorales.

MEDIDAS QUE SE DILATAN // Dejando a un lado las medidas que dependen de Bruselas, que deben ser reivindicadas por un Gobierno central que no ha movido ficha en Europa, lo cierto es que existen otras propuestas que hace meses que están sobre la mesa y que no terminan de concretarse. El mejor ejemplo de ello son las ayudas prometidas a los agricultores. En el caso del Ministerio, fuentes del departamento que dirige Luis Planas se escudan en la falta de presupuestos para justificar la inacción. En este sentido, lamentan que esas cuentas incluían una línea especial de ayudas a productores de cítricos de España por valor de 6,6 millones de euros.

Respecto a la Generalitat, desde la Conselleria de Elena Cebrián existe la voluntad de aprobar unas ayudas de minimis con un máximo de 25.000 euros por productor. No obstante, y pese a asegurar que se gestionan por «trámite de urgencia», fuentes de ese departamento son incapaces por ahora de dar una fecha y una cantidad concreta. Agricultura opta por abrir un periodo de consulta pública que el sector entiende como una «voluntad de dilatar en el tiempo su materialización», resaltan.

Aun en el caso de que fueran una realidad antes de las autonómicas previstas para el 26 de mayo, la Unió y Fepac lamentan que ese apoyo financiero llegará «tarde», pues según Guinot «el agricultor que haya tenido pérdidas, si ha decidido seguir, ya ha puesto dinero de su bolsillo para poner en marcha la próxima campaña».

Peris pone el dedo en la llaga y da voz a un sector que se siente maltratado por las administraciones al recordar que las ayudas sí han llegado a sectores como el automovilístico. Y es que los presupuestos de la Generalitat prevén una inversión de 23 millones para garantizar el futuro de la planta de Ford en Almussafes.

PLAN SECTORIAL // Mientras tanto, el PSPV celebrará este fin de semana una convención a la que asistirán representantes del sector y el propio ministro Planas. Según el secretario general de los socialistas valencianos, José Muñoz, «el objetivo de las jornadas es encontrar una solución conjunta, de la mano de los agricultores, para superar la crisis que atraviesa el campo valenciano y elaborar un plan estratégico sectorial».

En ese carrusel de reuniones en el que se ha convertido la crisis citrícola, la siguiente parada será la cumbre convocada por un Planas que según los sindicatos agrarios «no ha estado a la altura». Será en Madrid el 7 de marzo, a tan solo mes y medio de las Generales.