Diciembre del 2014. El PP, con el voto en contra de las demás fuerzas políticas, aprobaba en el Congreso de los Diputados la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente con el nombre de ley mordaza. La nueva normativa, que entró en vigor siete meses más tarde, fue calificada por la oposición como «una vuelta al Estado policial cuyo objetivo era recaudar dinero» porque endurecía las sanciones por consumo de drogas en la vía pública o por desobedecer las órdenes de las fuerzas de seguridad. En Castellón, el primer año y medio de la polémica ley se ha saldado con casi 2,5 millones de euros de recaudación en multas.

Desde que comenzó a aplicarse la ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, en julio del 2015, hasta diciembre del año pasado, las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado han impuesto en la provincia 6.808 multas, a una media de 12 al día, según datos del Ministerio de Interior. En el conjunto de la Comunitat valenciana han sido algo más de 32.000 y los ingresos del Estado vía multas superan los 12 millones.

¿Pero qué se ha sancionado más en Castellón? La palma se la lleva el consumo de drogas en la calle, fundamentalmente, fumar porros en un bar o en un concierto. Nada menos que 5.028 personas han sido sancionadas en la provincia por consumo y tenencia de drogas, a las que se aplicó una multa media de 335 euros.

Fumar maría es uno de los motivos de sanción más habitual en Castellón y el segundo lugar lo ocupa la falta de respeto a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Desde julio del 2015 a diciembre del 2016 se impusieron en la provincia 387 denuncias y los infractores tuvieron que abonar 38.170 euros. Otros 325 ciudadanos fueron sancionados por desobediencia a la autoridad o sus agentes o la negativa a identificarse.

EL BOICOT SE PAGA CARO // Otra de las novedades que introdujo la ley fue la prohibición de perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos. En este apartado se engloban actos como el protagonizado por un grupo de antitaurinos, que en diciembre del 2015, impidieron que se celebrara un bou embolat en Olocau del Rey. Aunque el suceso tuvo lugar antes de la entrada en vigor de la ley, el Gobierno ha acabado aplicando las sanciones que contempla la normativa y ha multado a los 30 antitaurinos con 3.000 euros cada uno. Además de ellos, otras 18 personas han sido sancionadas en Castellón por boicotear algún acto público.

Otros 530 ciudadanos han sido sancionados en la provincia por llevar o usar armas prohibidas y han tenido que asumir una multa por un importe medio de 400 euros, mientras que las fuerzas de seguridad han multado a 14 personas por ocupar de manera ilegal un inmueble.

Pero a la polémica ley le puede quedar meses. La oposición en bloque lleva meses reclamando la derogación de la normativa y el Gobierno (ahora en minoría) ya ha anunciado que está dispuesto a pactar una reforma de una ley que, en palabras del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, «se puede mejorar».