En las próximas 24 horas trece personas serán multadas en Castellón por consumir droga en la calle, sobre todo por fumar porros. Y cada una de ellas pagará una media de 654 euros, con lo que el Estado recaudará 8.502 euros. La sanción que todas tendrán que abonar está recogida en la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza. El artículo 36.16 considera una infracción grave el «consumo o tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estén destinadas al tráfico», e impone unas multas que van desde los 600 euros a los 10.000 euros. Eso sí, es posible obtener una reducción de hasta el 50% si se abona durante los 15 primeros días.
Desde que entró en vigor la normativa, en marzo del 2015, la estadística en torno a las sanciones por cannabis se ha disparado. Lo han hecho en el conjunto del país y también en Castellón, donde solo en el último año los expedientes se han duplicado. En 2018 se impusieron en la provincia 4.800 sanciones por consumir droga en la calle (una media de 13 al día). En 2017 fueron muchas menos, 2.248, según los últimos datos del Ministerio de Interior. Y a más sanciones, más recaudación: el año pasado el Estado ingresó gracias a estas multas el récord de 3,1 millones de euros, mientras que en 2017 la cuantía fue de 1,3 millones.
Trece personas son sancionadas cada día en Castellón por fumar marihuana o esnifar cocaína en la calle y en todos los casos el proceso comienza con la labor de los agentes de los distintos cuerpos de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil. Ellos son los que descubren a quienes se fuman un canuto en una plaza, en la terraza de un bar, en la playa o en la salida de una discoteca y ellos son, también, los encargados de hacer una propuesta de denuncia, aunque la última palabra la tiene la Delegación del Gobierno de cada comunidad.
HASTA 20.000 EUROS POR REINCIDIR // La posesión y consumo de drogas, siempre que sea para consumo propio, no es delito en España. Desde el 2015 se considera una falta grave y, en general, se impone la multa mínima que es de unos 600 euros. No obstante, si el infractor vuelve a ser descubierto en los próximos dos años, la sanción pasa a considerarse como grave de grado medio y el importe de la multa ya es mucho más alto, de hasta 20.200 euros.
Otra cosa es el tráfico de drogas. Si la cantidad aprehendida por la policía es de cierta importancia o se está traficando con ella o favoreciendo su consumo por terceras personas, ya se trata de un delito contra la salud pública, castigado por el Código Penal con pena de prisión y multa.
Las multas por consumo de drogas en la calle suponen, además, la primera causa de sanciones por vulnerar alguno de los artículos de la normativa aprobada en el 2015. De hecho, de las 5.952 multas interpuestas el año pasado en Castellón, el 80% fueron por esta causa, un porcentaje que crece año tras año.
Otras 305 personas fueron sancionadas el año pasado en la provincia por hechos relacionados con armas y explosivos (el estado recaudó por este concepto 174.000 euros), mientras que 224 tuvieron que pagar una multa por desobediencia o resistencia a la autoridad. A esta cifra hay que añadir que 392 hicieron frente a una sanción por faltar al respeto de la policía o la Guardia Civil.
Otra de las novedades que introdujo la normativa es la catalogación como falta grave de «la solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público». En Castellón, el año pasado se sancionaron a 3 clientes (en 2017 fueron 5) y el Estado recaudó 1.803 euros.
