Las campañas de cerco a los apartamentos turísticos sin registrar están dando sus frutos. En lo que va de año se han regularizado el triple de pisos pirata que hace tres años en Castellón. Si en el 2014 la media mensual de altas afloradas tras una inspección se situaba en las 67, en este ejercicio del 2017 se ha situado en 240.
Así lo reflejaron ayer desde la Agencia Valenciana de Turismo en un balance que cifra en la provincia de Castellón 1.940 pisos alquilados irregularmente en zonas turísticas que se han dado de alta --entre enero y agosto--, frente a los 803 de todo el 2014.
La campaña estival, en concreto, se ha saldado con 441 nuevas inscripciones (291 en julio y 150 en agosto), principalmente en el litoral castellonense --entre Alcossebre, Benicarló, Benicàssim, Moncofa, Orpesa, Peñíscola, Vinaròs, Castellón-- y solamente Catí, en el interior. Los números en Valencia y Alicante resultaron más elevados, de 762 y 1.369 altas tras los controles.
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Como novedad, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, anunció ante las asociaciones de alojamiento reglado que esta lucha contra la economía sumergida se va a reforzar a través de un acuerdo con el Colegio de Administradores de Fincas. Estos profesionales se unirán a la actual implicación de los inspectores de Turismo, Policía Autonómica y la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, así como las policías locales con las que se ha suscrito acuerdo y que se van a ampliar «a todas las poblaciones». Asimismo, Colomer avanzó que en la campaña de promoción Mediterráneo en vivo van a poner el «énfasis en la defensa del alojamiento reglado y a defender sus virtudes, cara al turista y consumidor, para que escoja esa opción de calidad y evite una experiencia de frustración». Y recordó que «la próxima ley de turismo multiplicará por 20 las sanciones a los gigantes globales de alojamiento clandestino».
