Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local velan desde que comenzó el estado de alarma por el cumplimiento del confinamiento y por mantener la seguridad en las calles. Aunque la delincuencia haya descendido tras la implantación de las restricciones de desplazamiento, la lucha contra el virus se ha convertido también en la prioridad de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que patrullan las calles y sancionan o detienen a aquellos que se saltan la cuarentena obligatoria.
En esa tarea compartida han surgido las primeras fricciones entre cuerpos y, especialmente, el malestar es notable en la Policía Local, un cuerpo con el que cuentan 2.000 municipios en España. Según detallan sindicatos y asociaciones profesionales, pese a tener una plantilla muy inferior a la de Policía Nacional y Guardia Civil, los efectivos municipales asumen un índice de intervención informativa y disuasoria muy superior al de los cuerpos estatales en la lucha contra quienes quebrantan el orden. Sostienen que las policías locales han interpuesto ya 220.000 denuncias desde que comenzó el estado de alarma, frente a las 290.000 de los dos cuerpos estatales juntos.
Gestión de vías urbanas
Uno de los primeros obstáculos que se han encontrado las policías locales es la gestión de las vías urbanas. Esta cuestión no fue menor durante la Semana Santa, cuando las localidades costeras de la provincia pusieron todo de su parte para detectar la presencia de quienes pretendían trasladarse a segundas residencias de Peñíscola, Benicàssim (tuvo cientos de intervenciones), Orpesa o Alcossebre, entre otros municipios de referencia.
Los agentes municipales tienen la competencia de la gestión de las vías urbanas y colocaron, en algunos casos, vallas y bloques de hormigón para regular y canalizar el paso a las poblaciones.
Las vigilancias surtieron efecto, llegando incluso a detectar un autobús de línea regular que había salido desde una capital del norte de España hacia a Orpesa, sin ningún tipo de problema, y pusieron el hecho de inmediato en conocimiento de la policía de aquella ciudad. Sin embargo, critican que también hubiera directrices para que fueran otros cuerpos de seguridad quienes se encargaran de este tipo de controles que, a priori, deberían competer a los efectivos municipales.
El caso de los drones
Otro de los puntos que se han convertido, al parecer, en conflictivos y cuya controversia no logran entender los efectivos locales es el del uso de drones para fines policiales. La Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunitat ha favorecido utilizar estos aparatos tras formar a policías locales como pilotos de drones. Esta tecnología se ha puesto al servicio de algunas policías locales y es utilizada regularmente para combatir el robo de naranjas. En cambio, estos dispositivos han despertado recelos cuando se han usado para detectar quebrantamientos del confinamiento. «Nos han llamado la atención y nos han comunicado desde la Delegación del Gobierno que cualquier operación de vuelo debe comunicarse a la Policía Nacional o la Guardia Civil, cuando nunca antes había sido así», lamentan.
Los cumpleaños
La estricta directriz enviada por la delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero, el pasado día 6 por la que prohibía felicitar los cumpleaños a los niños ha levantado ampollas. Según la orden, «la ejemplaridad y profesionalidad que debe regir en los cuerpos de seguridad lo impide». La Policía Local lamenta que «incluso el ministro Grande-Marlaska tuviera que salir a decir que eran interpretaciones demasiado estrictas» y que se reprendiera a los policías locales «cuando la Guardia Civil hacía celebraciones parecidas y colgaba los vídeos en sus perfiles oficiales de las redes».
