La Conselleria de Educación ha remitido a los sindicatos y a la mesa de padres el borrador de la resolución (derogará otra del 2014) que quedaba corta ante la multitud de posibilidades de convivencia que existen. «Los directores nos han reiterado que hay situaciones en las que no saben cómo actuar. Por eso saldrá esta resolución, que aclara la normativa e incluye toda la diversidad de casos teniendo en cuenta la protección del bien superior del menor y apelando a la resolución pacífica de los conflictos», sostienen.

La orden determina qué tipo de información deberán aportar los centros a ambos progenitores en casos de custodia compartida, qué hacer en una urgencia médica o los criterios a seguir sobre la recogida y entrega del alumnado. También establece qué situaciones de riesgo para el menor deberán comunicar por escrito al Ministerio Fiscal y a Servicios Sociales.

PROTECCIÓN // Educación aporta además medidas concretas en caso de terrorismo machista. Y en supuestos excepcionales, la víctima podrá solicitar la baja o el traslado de centro de sus hijos ante situaciones de violencia de género acreditada mediante orden judicial con medidas de protección, aunque no se decreten cautelares en la escolarización.

Mientras, la presidenta de FAMPA Castelló, Silvia Centelles, explica que las familias han planteado que «el decreto tiene términos jurídicos que igual resultan demasiado técnicos».