La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, confía en atar «antes de mayo» la reforma del edificio de los antiguos juzgados de la plaza Borrull con la firma del convenio entre el Ayuntamiento y la Generalitat que daría luz verde al proceso de licitación de las obras, que ya se pospondrían a la próxima legislatura. «Estamos trabajando para acelerarlo y firmar el convenio antes de las elecciones», reconoció la primera edila, detallando que tras una tramitación que ha sido compleja «solo faltan detalles de carácter legal».

Es la última previsión que hizo Marco ayer públicamente, después de revelar que esta remodelación cuyo inicio de obras se llegó a anunciar para finales del 2018, «es una de las desesperaciones» que ha tenido durante este mandato. Admitió así el quebradero de cabeza que le ha causado este proyecto y las dificultades surgidas a raíz de la complejidad de aunar las demandas de dos administraciones en torno a un edificio céntrico con 11.700 metros cuadrados de superficie. «Cuando hay dos administraciones implicadas, y más si gobiernan con más partidos políticos, las colaboraciones son más complejas que en proyectos que tiene que hacer una administración», dijo.

«Desde el Ayuntamiento estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para firmar el convenio. Lo que voy a hacer es defender los intereses del Ayuntamiento y de la ciudad de Castellón», recalcó.

LOS ‘ATASCOS’

Marco hizo un repaso a los pasos dados esta legislatura para arrancar la remodelación integral de un edificio que está en desuso desde hace 13 años, cuando los juzgados que albergaba se trasladaron a la Ciudad de la Justicia. Explicó que «al principio costó mucho sacar el proyecto». Recordó que en un primer momento había solicitado el edificio completo para uso del Ayuntamiento, pero que al tratarse de un inmueble de propiedad autonómica, se debía ofrecer a los consellers «y una conselleria decidió que quería parte del edificio».

Esta es la de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra. «Costó mucho la redistribución en función de las necesidades». «Después tuvimos otro atasco en el tema presupuestario, porque había una previsión económica y luego se incrementó, aunque finalmente el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que asumiría el exceso», puntualizó Marco. Ahora, faltan flecos legales.

Por otra parte, la portavoz del PP, Begoña Carrasco, dijo que «a Marco se le acaban las excusas para justificar las mentiras de Borrull» y la instó a «ser valiente» para explicar que el convenio no se firma porque «el proyecto no para de encarecerse» y «ronda ya los 19 millones de euros».