La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ha aplaudido la decisión del Ministerio de Transición Ecológica por la que se desestiman seis de los doce permisos pendientes que pretendían investigar la presencia de hidrocarburos o sondear los fondos marinos en el área mediterránea. Marco se ha mostrado “satisfecha”, ya que podría ser un indicio del archivo definitivo del proyecto ‘Medsalt-2’, que puede suponer una amenaza para el ecosistema marino castellonense. “El Gobierno estatal debe primar la biodiversidad marina frente a los intereses de la industria petrolífera”, ha añadido.

“Las islas Columbretes están protegidas desde 1988 y constituyen un patrimonio natural de gran relevancia, no solo para Castellón, sino para todo el litoral, y el desarrollo de este tipo de proyectos ha de verse como una agresión medioambiental que no sólo perjudicaría al medio ambiente, sino al sector pesquero y al turístico”, ha recalcado. Desde la Alcaldía, desde el Gobierno municipal y desde el pleno de la Corporación se ha insistido en el peligro potencial de los sondeos petrolíferos en el Mediterráneo español.

El Gobierno central creó el 29 de junio un área marina protegida en el Corredor de Migración de Cetáceos, cuyo recorrido abarca también las islas Columbretes. El blindaje ambiental de esta zona ha dado carpetazo a seis permisos de investigación de hidrocarburos del proyecto ‘Nordeste’, de los doce solicitados presentados para operar en esta zona. Las autorizaciones desestimadas fueron solicitadas por Cairn Energy en julio de 2011 y luego transferidas a la compañía española Repsol en marzo de 2013.

Existen otros seis permisos en trámite, aunque podrían verse frenados también por el área protegida del corredor. Entre ellos se encuentra el proyecto de sondeos acústicos ‘Medsalt-2’, promovido por el instituto OGS de Trieste (Italia). Este expediente, que podría repercutir al archipiélago de las Columbretes, operaría en aguas entre Mallorca, Ibiza y Formentera.

En ese sentido, Alianza Mar Blava, una plataforma de entidades cívicas e instituciones de Baleares, ha reclamado a la Dirección General de Políticas Energéticas y Minas la aprobación de una moratoria para evitar que prosperen nuevas solicitudes de investigación o prospección de hidrocarburos o de campañas sísmicas de sondeos acústicos en el entorno mediterráneo.