La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, instará al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a devolver al fondo de reserva de las pensiones los miles de millones de euros «que se han sustraído para cubrir gastos que no tienen nada que ver con las prestaciones que reciben las personas jubiladas», según indicó ayer en un comunicado, en el que se hacía constar su voluntad de trasladar el acuerdo suscrito por el pleno municipal en este sentido.

De esta forma, Marco remitirá una carta a Rajoy para darle a conocer las exigencias «de la marea ciudadana, que reivindica pensiones dignas», y con la que la alcaldesa pretende sumarse a la demanda de una revalorización justa que «posibilite que las personas mayores no pierdan poder adquisitivo y, por lo tanto, disminuya su calidad de vida», dijo.

«FALTA DE EMPATÍA» DEL PP // La máxima dirigente municipal castellonense señala que «la gente mayor ha trabajado muy duro para sacar adelante sus familias, para vivir con bienestar y de forma honesta y no se merecen el maltrato que le está dando el Gobierno. Ahora, además, están sosteniendo a sus familias, a causa de la crisis y con una falta de empatía por parte del PP, que está gobernando de espaldas a la realidad» y sin tener en cuenta el papel que «las personas jubiladas realizan en estos momentos de dificultad», destaca Marco.

La alcaldesa añade que «el sistema de pensiones es viable, pero para ello hace falta la voluntad política que Rajoy no tiene». Además, Amparo Marco recuerda que este fondo de pensiones ha sido recortado hasta casi su desaparición. Cuando el PP llegó al Gobierno, indicó, el fondo de reserva estaba en su tope máximo: 66.815 millones. De esa manera, argumenta la alcaldesa, se pretendía garantizar que ante un ciclo económico bajo, no se pusiera en peligro el pago de las pensiones.

La caída de esta caja de las pensiones durante los gobiernos del PP ronda el 90%, según detalló la dirigente local, quien no duda en mostrar su solidaridad con las organizaciones sindicales, que han iniciado una campaña estatal para denunciar «el acoso al que se está sometiendo a la viabilidad del sistema de pensiones».