La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, pide a la Generalitat que, dentro de un año, los proyectos de la ciudad incluidos en los presupuestos autonómicos «sean proyectos ejecutados» o en vías de contratación. La munícipe castellonense, que ayer volvió a hacer balance de las inversiones previstas por el Ejecutivo autonómico en la capital provincial, aplaudió las iniciativas incluidas, máxime porque sabe «cómo dejó la Generalitat el PP».

En este punto agradeció al president Puig que haya reducido la deuda del Consell con la ciudad desde los «8,8 millones» que existían cuando llegó «a 1,7». Y citó pagos como el Palau de la Festa, la Ciutat Esportiva o el edificio de Hacienda. Incluso aprovechó para lanzar una puya a Alberto Fabra, cuando recordó que el predecesor de Puig «se había sentado aquí», presidiendo el salón de plenos del Ayuntamiento.

Entre los proyectos que Marco aplaudió está el centro de salud del Raval Universitari; los 1,2 millones consignados para convertir en viviendas sociales 34 inmuebles de la calle Santa Cruz de Tenerife; la aportación para la conexión con el área metropolitana de Castellón; o la inclusión «por primera vez, del fondo de cooperación municipal».

En cuanto a las cuentas de la Diputación, aunque reconoció que no las ha podido analizar «con detalle», censuró que hasta este año Castellón no se haya podido beneficiar de los Planes de Obras y Servicios (POYS), cuando los ingresos de la Diputación llegan «en un 90%» de transferencias del Estado y la recaudación de este en la provincia, vía impuestos, procede «en un 33%» de la capital. Marco calificó esto de «agravio comparativo» y, aunque dijo que Castellón «debe ser solidario, también se merece más».

Por eso ha trasladado ya al presidente de la Diputación, Javier Moliner, esta exigencia, en una reunión «en la que se comprometió» a cambiar esto en el 2018. H