La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, reclama la apertura de un debate en torno a la financiación de los municipios. “Los ayuntamientos asumen cada vez una mayor cuota en la prestación de servicios básicos que son decisivos para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de las personas”, destaca, “aunque las transferencias de la gestión por parte de otras administraciones no han venido acompañadas de los recursos suficientes”.
Marco considera que “el Gobierno de Rajoy ha actuado en contra del municipalismo”, con decisiones como la aprobación de la Ley para la Reforma Local aprobada por el Gobierno del PP, que “ha supuesto un ataque frontal a la autonomía local y a su capacidad de prestar servicios a la ciudadanía”. “Los ayuntamientos han sido las administraciones públicas que han sufrido las consecuencias de las políticas de austeridad insolidarias y agresivas”.
A su modo de ver, se hace necesaria una reforma del modelo de financiación municipal. El primer punto a debatir sería que la participación de los tributos del Estado se sitúe en torno al 30% de los ingresos municipales, ya que en los últimos años ha decrecido la aportación. Otro aspecto sería la reforma del sistema tributario local. Por ejemplo, modificar o eliminar tributos ineficientes o con falta de seguridad jurídica, como es el caso de las plusvalías.
FLEXIBILIZAR LA REGLA DE GASTO
Marco sugiere, además, la posibilidad de flexibilizar la regla de gasto, de manera que no se penalice a los ayuntamientos que quieran dedicar más recursos a las políticas sociales. Por último, y en esta misma línea, propone que se permita utilizar el superávit municipal con más libertad, no solo para amortizar deuda o para inversiones financieramente sostenibles.
En definitiva, la alcaldesa de Castellón destaca la exigencia -compartida por la mayor parte de los ayuntamientos- de abordar las reformas que resulten necesarias con el objetivo de dotar a los ayuntamientos de “las condiciones y capacidades políticas y económicas adecuadas que les permitan ofertar a la ciudadanía los servicios que la sociedad demanda”. En especial, las políticas sociales, empleo, juventud e igualdad, entre otras.
“El Gobierno central no debe imponer límites a los objetivos que cada Ayuntamiento decida, en uso de su plena autonomía financiera”, expone Marco, quien asegura que “la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local abriría un nuevo escenario en el que se debería abordar el papel que los municipios deben desarrollar en la mejora de los servicios de bienestar, la creación de empleo y los servicios de proximidad que se prestan a diario desde la Administración local”.
