La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, y el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, se han reunido esta semana en Valencia para buscar nuevas formas de optimización de los recursos patrimoniales de ambos organismos.

Durante la reunión, se ha puesto de manifiesto una visión conjunta de todo el patrimonio público propiedad tanto de la Generalitat como del ayuntamiento, con el objetivo de buscar nuevas formas de aprovechamiento de los inmuebles disponibles que permitan mejorar la eficacia y la eficiencia en la prestación de servicios públicos.

En concreto, se ha abordado la situación del edificio de la Generalitat ubicado en la plaza Borrull, que durante años albergó la antigua Audiencia Provincial. Tras el traslado de la sede judicial a la Ciudad de la Justicia del PAU Gumbau en el año 2006, el edificio quedó en desuso y en estos diez años las instalaciones se han deteriorado a pasos agigantados. El objetivo de ambas instituciones es volver a poner en valor esta edificación, ubicada de forma estratégica en el centro de la ciudad, junto a un aparcamiento subterráneo y una vía principal de acceso como es la avenida Hermanos Bou.

Para ello, se ha acordado crear una comisión mixta que estudie la cesión del edificio al ayuntamiento, con el objetivo de concentrar en estas instalaciones todas las dependencias municipales existentes, que ahora mismo se hayan distribuidas entre varios edificios repartidos por la ciudad, por los que el ayuntamiento debe pagar un alquiler.

La alcaldesa, Amparo Marco, ha mostrado su satisfacción por la predisposición de la conselleria a estudiar esta posible cesión y ha destacado que “trasladar las dependencias municipales al Edificio de Borrull supondría una gran mejora del servicio que ofrecemos a los ciudadanos, ya que centralizaríamos todas las gestiones en un único punto”. Así mismo, aunque la rehabilitación y adecuación de este inmueble requiera realizar una inversión, Marco ha destacado que “a largo plazo también comportará el ahorro de numerosos alquileres que ahora mismo se están pagando para poder albergar los diferentes servicios administrativos”.

Por su parte, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha subrayado la “excelente sintonía” con el Ayuntamiento de Castellón para estudiar conjuntamente una cuestión “que debería ser obligatoria para todas las administraciones públicas, como es la optimización del patrimonio adscrito a todas las instituciones mediante, en su caso, la colaboración y los acuerdos”. “Hay que sacar el máximo provecho a todo el patrimonio de las instituciones, que es de los valencianos. Los responsables públicos gestionamos ese patrimonio por delegación de los ciudadanos y nuestra obligación es optimizar su utilización. Hay que pensar en los valencianos, no en las administraciones”, ha recalcado Soler.