La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, y el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, han abordado, en un encuentro, la situación del edificio de la Generalitat ubicado en la plaza Borrull, que durante años albergó la antigua Audiencia Provincial. Tras el traslado de la sede judicial a la Ciudad de la Justicia del PAU Gumbau en el año 2006, el edificio quedó en desuso y en estos diez años las instalaciones se han deteriorado a pasos agigantados. El objetivo de ambas instituciones es volver a poner en valor esta edificación, ubicada de forma estratégica en el centro de la ciudad, junto a un aparcamiento subterráneo y una vía principal de acceso como es la avenida Hermanos Bou.

Para ello, se ha acordado crear una comisión mixta que estudie la cesión del edificio al ayuntamiento, para concentrar en estas instalaciones todas las dependencias municipales existentes, que ahora mismo están distribuidas entre varios edificios repartidos por la ciudad, por los que el ayuntamiento debe pagar un alquiler.

La alcaldesa ha mostrado su satisfacción por la predisposición de la Conselleria a estudiar esta posible cesión. “Trasladar las dependencias municipales al edificio de Borrull supondría una gran mejora del servicio que ofrecemos a los ciudadanos, ya que centralizaríamos todas las gestiones en un único punto”, señala. Asimismo, aunque la rehabilitación y adecuación de este inmueble requiera realizar una inversión, Marco considera que “a largo plazo comportará el ahorro de numerosos alquileres que ahora mismo se están pagando para poder albergar los diferentes servicios administrativos”.

En la reunión se evidenció una visión conjunta de todo el patrimonio público propiedad tanto de la Generalitat como del ayuntamiento para buscar nuevas formas de aprovechamiento. H