La súbita dimisión de Antonio Lorenzo como concejal en el Ayuntamiento de Castellón por la investigación que afecta a su etapa como subdelegado --una presunta trama de pitufeo que implica a dos tesoreros y a una veintena de empresarios-- obliga a la alcaldesa, Amparo Marco, a una remodelación del equipo de gobierno. Su sustitución, no obstante, no tendría necesariamente que ser inmediata, toda vez que la principal atribución de Lorenzo, la aprobación de los presupuestos, se ha completado con éxito.

Así, pese a que el grupo municipal se reunirá el lunes para tratar este asunto, el cambio de cromos podría prolongarse todavía unos días. Marco manifestaba ayer a Mediterráneo durante la celebración del año nuevo chino que todavía «no había empezado» la ronda de contactos y que no había «prisas». Será precisamente el lunes cuando se produzca la baja oficial de Lorenzo.

De momento, las múltiples atribuciones del concejal las asumira la Alcaldía. Es precisamente el hecho de que Lorenzo asumiera tantas responsabilidades --Hacienda, Contratación, Patrimonio y Seguridad-- el que explica que haya muchas opciones de que haya que modificar el reparto de concejalías. Ello dependerá del perfil que tenga la nueva incorporación, pero desde el grupo asumen que es probable que no pueda asumir tantas áreas.

poco tiempo // En cuanto a la búsqueda de sustituto o sustituta, fuentes municipales reconocen que el hecho de que queden menos de cuatro meses para las elecciones, y por tanto para el fin de la legislatura, es un factor que actúa en contra de que los candidatos se animen a asumir esta responsabilidad. Es por ello que la elección podría depender de un «perfil profesional» que se adecúe a estas condiciones.

De momento, la siguiente en la lista es Mónica Barabás, pero desde el grupo municipal señalan que, entre otros aspectos, se tiene que analizar su disponibilidad. «La idea es que este tema se resuelva pronto, pero no hay una necesidad imperiosa», indican las mismas fuentes.

una década // La investigación del juzgado de Instrucción número 1 de Castellón y de la Policía Nacional abarca la última década, por lo que también están analizando la etapa de Lorenzo como subdelegado, del 2007 al 2011. Se sospecha que durante esos años funcionaba en la institución una trama de falsificación de facturas, en la que, presuntamente, los empresarios y los tesoreros se beneficiaban al 50% de recibos falseados. La investigación se destapó en el verano del año pasado