Un aniversario atípico. El presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, hizo balance ayer de su primer año al frente de la institución, un periodo marcado en su último tramo por la pandemia del coronavirus y que ha servido para «construir una Diputación más cercana, abierta, eficaz y de todos». Martí avanzó también que la institución provincial focalizará en el 2021 sus esfuerzos en la lucha contra la despoblación del interior, la educación ambiental y la autonomía económica de los municipios.

Respecto a este último punto, el presidente afirmó que el objetivo es que los ayuntamientos «sean mayores de edad. Se tiene que poner fin a la tutela y el paternalismo, un hecho que tienen que entender los consistorios».

Gestión sostenible / En cuanto a la gestión en este último año, el presidente señaló que «nunca antes se había destinado tanto dinero a los pueblos». Cabe recordar que la administración provincial ha proporcionado 21 millones de euros, repartidos en el Plan 135, el Fondo de Cooperación y una partida extraordinaria para hacer frente a la crisis del covid-19.

Por su parte, el diputado socialista, Santi Pérez, destacó las medidas impulsadas por el equipo de gobierno para establecer una política de izquierdas: «Llegamos con la idea de ahorrar en cuestiones menores y lo hemos hecho: prescindimos de los escoltas y reducimos el uso de coches oficiales, además hemos adoptado el primer plan de igualdad de la historia de esta casa», argulló.

Por otro lado, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, socio del PSPV en la Diputación, valoró el trabajo de estos últimos 365 días como «esperanzador». En este sentido, reconoció que «estamos muy satisfechos por las iniciativas tomadas y queremos agradecer al PSPV y a los partidos de la oposición por haber tenido una actitud muy positiva para alcanzar los acuerdos que necesita la provincia», argumentó.

Por último, Garcia apuntó la necesidad de tratar los acuíferos para garantizar que los pueblos tengan el agua depurada: «Uno de los propósitos es resolver el problema que existe en algunos ayuntamientos y asegurar los servicios dignos de calidad de vida, vivienda y empleo», finalizó.