Francisco Martínez está más cerca de sentarse en la banquillo de los acusados por presuntas irregularidades urbanísticas relacionadas por la supuesta compraventa de terrenos para beneficio propio usando información privilegiada cuando era alcalde de Vall d’Alba. El también exvicepresidente de Diputación se enfrenta a penas de hasta 16 años de cárcel. Después de que el pasado 26 de octubre, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón comunicara que existen indicios para juzgar a Martínez, a su hija y al empresario Raúl Babiloni por estos hechos y diera traslado al fiscal y a las acusaciones para que digan si procede el sobreseimiento o la apertura de juicio oral, el PSPV pedirá una pena de 16 años de prisión como acusación particular para el exprimer edil. Los socialistas registrarán hoy su escrito en el juzgado. También solicitan 12 años de cárcel para Babiloni y seis más para la hija de Martínez.
De este modo, mantienen, al igual que la Fiscalía, su escrito de calificación inicial, presentado en junio del pasado 2017.
El diputado provincial del PSPV y portavoz en la Vall d’Alba, Fernando Grande, señaló que las últimas decisiones adoptadas por la instructora, «que está decidida a abrir juicio oral», evidencian que el PSPV estaba «en lo cierto» cuando emprendió este proceso judicial. «Estamos convencidos de que vamos a poder demostrar que Martínez se enriqueció desde el Ayuntamiento», añadió.
El Ministerio Público solicita 11 años de cárcel por un delito continuado de uso de información privilegiada siendo autoridad, otro de negociaciones prohibidas, uno de fraude administrativo en concurso de malversación de caudales públicos y otro de blanqueo de capitales. Y 1.314.400 euros de multa. Para Babiloni pidió 5 años de prisión y multa de un millón; y para Andrea Martínez una multa de un millón de euros.
La jueza considera que, de común acuerdo, y siendo Martínez el alcalde de Vall d’Alba, adquirieron fincas relacionadas con distintos planes urbanísticos para «obtener una importante revalorización y venderlas al promotor urbanístico o reservarlas a nombre de sociedades para cuando el programa se ejecutara».
Martínez ya fue condenado por la Audiencia Provincial por el caso de la depuradora de Borriol a ocho meses de prisión y a pagar una multa de 12.600 euros.
