Retrasar la nueva reválida de 6º de Primaria impuesta por la LOMCE para evaluar el paso a la ESO, al menos un curso. Educación autorizó ayer a la Abogacía de la Generalitat a interponer un recurso para eliminar el examen, con el que el Ministerio quiere ver cómo pasan los alumnos de 12 años a Secundaria, porque “le cuesta a las arcas de la Comunitat 600.000 € por la externacionalización”, y porque “cuestiona la profesionalidad de los docentes de los centros”. En Castellón, 6.000 alumnos podrían librarse de la prueba, prevista para el mayo, de prosperar el recurso contra el real decreto 1058/2015.

La vicepresidenta de la Generalitat, Mònica Oltra, anunció ayer en Alicante, donde se celebró el pleno del Consell, que el coste “no es viable” y ve en la evaluación a personal externo “un cuestionamiento implícito de la profesionalidad y objetividad de los docentes del mismo centro, máximo conocedor del aprendizaje y la continuidad del alumnado”. La tardía publicación como decreto, el 28 de noviembre, imposibilitó, dijo, la creación de una línea presupuestaria dedicada exclusivamente a las pruebas.

PADRES Y DIRECTORES // Tanto las AMPA como los directores de centro ya se han manifestado en contra de estas pruebas, que se suman a la evaluación diagnóstica de la Conselleria y a las pruebas del informe PISA. El conseller de Educación, Vicent Marzà, no será el único en apelar contra este decreto, pues es “compartido por otras comunidades autónomas” y debe ser aceptado “como medida cautelar” este año, porque “puede ser un caos total”, dijo Oltra. En Andalucía, su consejería califica el examen como “impuesto e innecesario”. Oltra subrayó que el Consell “no está de acuerdo” con ese sistema y que hay “razones de procedimiento que justifican que se eliminen las reválidas, porque no se ha atendido el procedimiento correcto al no dar audiencia a las comunidades autónomas”. “No ayudan a la integración y a la equidad”, enfatizó. H