Más de 1.500 castellonenses tienen derecho a recuperar la inversión que en su día realizaron comprando acciones de Bankia a través de la suscripción de títulos en la oferta pública de venta (OPV) cuando la entidad financiera salió a bolsa, en julio del año 2011, después de que dos sentencias del Tribunal Supremo haya anulado dos recursos presentados por la entidad financiera, sentando jurisprudencia. Sin embargo, la Unión de Consumidores de Castellón (UCE) se estima que la cifra podría ser muy superior, ya que “no todos han presentado una demanda hasta el momento”, algo que “muchos podrían hacer ahora”, al conocer la decisión de la justicia.

Según los datos que facilitó en su día el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, José Manuel Marco, entre el 2 de enero y 4 de junio del 2015 se presentaron 1.450 demandas por parte de castellonenses suscriptores de acciones de Bankia a través de la OPV. El abogado de la UCE, Juan Carlos Insa, recalca que “hay mucha agente afectada en Castellón” y “podrían ser más de 2.000 las demandas presentadas”.

“Pueden ser miles los afectados con toda seguridad, porque la red de Bankia se extendía a todas las localidades de la provincia de Castellón, y en todas ellas se vendían acciones, porque aquí sucedió lo mismo que con el caso de las preferentes... se vendía por parte de los empleados de Bankia a toda aquella persona que era susceptible de estar en disposición económica de poder comprarlas, era un producto muy extendido”, continúa Insa, quien lamenta que “por regla general los títulos fueron comprados por un perfil de personas que normalmente no había invertido nunca ni tampoco sabían exactamente dónde se estaban metiendo”.

EL CAMINO ABIERTO // El pasado miércoles, y cuatro años después, el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos interpuestos por Bankia contra dos sentencias de las Audiencias de Valencia y Asturias que decretaron la nulidad de los contratos de compra de acciones emitidas por la entidad, porque hubo error en el consentimiento al existir desfase entre las cifras del folleto informativo y las reales. Es decir, que la información con la que los inversores adquirieron los títulos no se ajustaba a la realidad.

La sentencia de la Sala de lo Civil del Alto Tribunal obligará a la entidad a devolver el dinero de dos suscriptores de su oferta pública de acciones, y abre la vía a miles de nuevas reclamaciones.

Hay que recordar que la sentencia del Supremo solo afecta a aquellos pequeños inversores que adquirieron los títulos en la OPV con el folleto en mano. Aun así, desde la UCE prevén que afectados que no presentaron una reclamación por miedo a perderla, “ahora podrían hacerlo”. “De hecho, desde nuestra organización, animamos a hacerlo, porque ahora hay jurisprudencia”, añade. H