Las más de 15.000 beneficiarias de prestaciones de maternidad en Castellón desde el 2012, en su mayoría madres pero también padres, podrán pedir a Hacienda la devolución del IRPF, tras un fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se acaba de conocer. A 3.000 euros de media por madre --aunque puede variar según su cotización base en la nómina--, para Hacienda supondría tener que reintegrar 46 millones de euros en Castellón, donde del 2012 al 2015 se han concedido 12.992; y de enero a septiembre de este año, 2.402, sumando en total 15.394.
El socio-director de Séneor laboral, Vicent Arrandis, explicó que «la decisión del TSJ Madrid no sienta jurisprudencia, pero sí abre la puerta a reclamar. Si se cobró antes del 2012 ya ha prescrito, pero a partir de ese año sí aconsejamos exigir esa devolución, primero por vía administrativa y luego judicial. Las madres de este 2016, sin embargo, es mejor que declaren la prestación como renta de trabajo y luego pidan a Hacienda un escrito de rectificación, estando siempre pendientes, obviamente, de si la Agencia Tributaria se manifiesta antes y cambia de criterio».
LAS PREFERENTES / El secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, José María Mollinedo, agregó que «si como se espera hay avalancha de reclamaciones, pues ya hay abogados preparados como en las preferentes, antes de esperar a que se pronuncien los tribunales de cada autonomía, la Abogacía del Estado podría pedir una resolución que unifique criterios al Tribunal Supremo, que sí sienta jurisprudencia». Tras esto, en opinión de Mollinedo, «la Agencia Tributaria podría decidir cambiar la ley para eliminar el recoveco actual que ha permitido la sentencia de Madrid, pues la ley tributaria fija que esta prestación sí debe tributar. En ese caso, afectaría a todas las futuras madres tras la nueva norma, que ya no podrían pedir exención de IRPF».
A quien decida reclamar, los expertos recuerdan que eleva las posibilidades, pero no es garantía de ganar y, llegado el caso de alcanzar la vía judicial, si el tribunal de la autonomía, en este caso el TSJCV de la Comunitat, no comparte el criterio del madrileño, las costas serían para la afectada. Con todo, desde Gestha añadieron que «sí estaría la posibilidad de que el tribunal autonómico lo acepte --siempre para el periodo desde el 2012-- o bien si el Supremo emite un posicionamiento y es a favor».
