El invierno demográfico amenaza el interior castellonense, que afronta el fantasma de la despoblación como un peligro real. Sin ir más lejos en el 2018 hubo 41 municipios de la provincia en los que no se produjo ningún nacimiento. Es más, en 85 poblaciones no se superó la cifra de cinco, lo que supone seis de cada diez localidades.
En cambio, solo nueve de ellas no registraron ningún fallecimiento y las que no superaron los cinco ascendieron a 56.
Y la situación se ha agravado este año, ya que en el primer semestre, la natalidad se ha desplomado al nivel de hace 25 años, con una bajada del 6,2%, como ayer publicó Mediterráneo.
El profesor del departamento de Geografía e Historia de la Universitat Jaume I Javier Soriano afirma que uno de los motivos es que están llegando a la fase de maternidad las generaciones que coincidieron con los años de la bajada de natalidad. Por ello vaticina que la situación irá a peor a corto plazo, porque entre 1990 y 2000 fue la década de mayor recorte. «Por desgracia, nuestro país adolece de una política demográfica de apoyo a la natalidad, solo parches, y no una línea decidida», dice, añadiendo que la situación social, política y económica no ayuda porque sigue habiendo problemas para consolidar empleos, conciliar vida familiar y laboral, al margen de la crisis e inestabilidad económicas que pueden afectar coyunturalmente. Por ello, augura que «Castellón necesitará más inmigración». No obstante, señala que «muchos países vecinos han pasado por situaciones similares».
AYUDAS DE DIPUTACIÓN
Para incentivar la natalidad en los municipios más pequeños, los de menos de mil habitantes, la Diputación dispone de una línea de ayudas que aporta hasta 600 euros por nacimiento o adopción. En concreto, en el 2018 se concedieron 67 ayudas en tres resoluciones por valor de 41.400 euros. Este ejercicio 2019 se han otorgado 150 valoradas en 91.800 euros. De cara al 2020, estas ayudas se incluirán dentro de las líneas de subvención de los ayuntamientos, a las que podrán acceder estos por concurrencia competitiva. Patricia Puerta, diputada provincial, explicó que «será una línea genérica de 1,2 millones de euros y que tiene por objetivo que los municipios tengan autonomía para destinar las ayudas a las actuaciones que mejor cubran sus necesidades».
