La Diputación está aumentando las cláusulas sociales en la contratación pública como una nueva vía de participación ética y medioambiental con la provincia. Aunque la inclusión de este tipo de criterios sociales se aprobó en el pleno de 22 de noviembre del 2011, en los contratos más recientes la corporación provincial está incrementando este tipo de cláusulas, informan desde la misma.
Y es que la institición es consciente de la importancia de que las Administraciones Públicas exijan a sus licitadores el cumplimiento de ciertos estándares sociales y ambientales, que haga que se produzca una competencia entre las empresas por cumplirlos y mejorarlos para resultar adjudicatarios.
La diputada de Acción Social, Elena Vicente-Ruiz, explica que estas iniciativas aportan “modelos de empresas más responsables, además del beneficio social inmediato”. De esta manera, con los nuevos requisitos, en más de una ocasión el contrato no ha podido adjudicarse a empresas que incumplían las obligaciones.
ejemplos // En algunos contratos como el de la gestión del papel usado, la gestión de pilas usadas o el transporte complementario de autobuses, se ha exigido que la empresa adscribiera a la ejecución del contrato un porcentaje del personal que estuviera en riesgo de exclusión social, acreditado convenientemente.
En contratos recientes como el servicio de limpieza o el de seguridad y vigilancia, se establece la obligación de que la empresa que estuviera inicialmente incursa en baja temeraria deba demostrar, mediante un estudio de viabilidad detallado, que puede cumplir con todos los requerimientos económicos y de otra índole que impone el convenio colectivo. Esto supuso excluir a una empresa que no pudo acreditarlo.
En el contrato de seguridad y vigilancia se ha incluido una cláusula en materia de igualdad y de conciliación familiar y en otros contratos como la adquisición de vehículos o la edición de libros se han introducido aspectos medioambientales, valorando las menores emisiones o exigiendo un máximo de colores o gramaje. H
