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BALANCE en la provincia

Más denuncias por conducir drogado o ebrio, con 4 diarias

1.448 conductores dieron positivo en 2018 en Castellón frente a 1.295 en 2017

 

Las fuerzas de seguridad intensificaron los controles de alcohol y drogas durante las pasadas navidades. - MEDITERRÁNEO

MARI CARMEN TOMÁS
19/01/2019

La Jefatura Provincial de Tráfico en Castellón constata un incremento de las denuncias por alcohol y drogas en el último año, con una media de cuatro al día.

Según los datos facilitados por este organismo, en el 2018 impusieron un total de 1.448, cuando en el mismo periodo del año precedente fueron 1.295. A la hora de conducir, la presencia de estas sustancias en el organismo está muy castigada por la ley.

Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asocidos, indica que el aumento de las denuncias sigue la tendencia experimentada en el conjunto de España. No obstante, señala el alza significativa en las sanciones por drogas a raíz de que hay más controles y su simple presencia en el organismo ya es una infracción, sin tener que acreditar ir bajo los efectos de la sustancia. Según Tráfico, está considerada una infracción muy grave, castigada con mil € y seis puntos.

Arnaldo explica que hay una mayor sensibilización en torno el consumo del alcohol, pero con las drogas, por desgracia, no. «Está muy extendida la sensación de que con un porro no pasa nada y no es así, da positivo», dice.

La tasa máxima de alcohol permitida para conducir se sitúa en 0,25 mg por litro de aire espirado para los conductores en general, mientras que para los profesionales y noveles es de 0,15. mg/l.

Superar el límite de 0,25 implica una multa de 500 euros y la retirada de cuatro puntos. Los reincidentes se exponen al pago de mil euros, igual que los que circulen con una tasa que supere el doble de la permitida, aparte de la detracción de seis créditos. Con 0,6 mg/l de alcohol en aire el conductor se expone a un delito contra la seguridad vial, penado con prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, y privación del derecho a conducir de uno hasta cuatro años. Lo mismo se aplica a la persona que conduzca bajo los efectos de los psicotrópicos o si se niega a la prueba.

En el 2018 la Guardia Civil investigó a 234 conductores por un posible delito contra la seguridad vial, en la modalidad de circular bajo los efectos del alcohol, por los que tuvieron que responder ante la autoridad judicial.