Novedades en la trama de las facturas presuntamente falseadas por dos tesoreros de la Subdelegación del Gobierno en Castellón (uno ya jubilado y otro suspendido de empleo y sueldo desde que salió a la luz el escándalo). Todo parece indicar que uno de los tesoreros investigados adjudicó varios contratos menores a un mismo empresario, que concurrió con varios presupuestos y nombres a las licitaciones de servicios de pintura y albañilería.
Se trata de obras menores, con montantes bajos y que, por lo tanto, no necesitan concurso oficial. Una figura de contrato que aparece en la legislación española en el año 1995 como una forma de agilizar y favorecer las necesidades cotidianas de escasa entidad de los organismos públicos.
Estas concesiones se encuentran ahora en el punto de mira, al igual que los cheques al portador y las cerca de un millar de facturas irregulares que llamaron la atención de la funcionaria que denunció el caso ante la Policía Nacional y que ahora investigan el Juzgado de Instrucción nº1 y la Fiscalía Provincial.
Un posible caso de pitufeo con el que se lucraron, supuestamente, los dos delegados de gastos investigados y varios empresarios.
LA LEY / Según la norma, son contratos menores y, por tanto, no sujetos a concurso ni publicidad, las obras comprendidas entre 0 y 50.000 euros y aquellos contratos de suministros y servicios que no sobrepasan los 18.000.
La investigación continúa abierta, dada la gran cantidad de documentos que deben analizarse. Y es que la trama podría remontarse a más de una década atrás, aunque solo los últimos 10 años podrían tener responsabilidad penal. Por ello, es esa la franja temporal en la que se centra el juzgado instructor del caso.
La denunciante del caso trasladó a las autoridades hace un año sus sospechas acerca de unas facturas de repostaje de gasolina que estaban asociadas a un mismo vehículo oficial. La particularidad de los hechos residía en que ese coche se encontraba parado por ser solo de sustitución. Además, la actividad del organismo público era bastante baja al producirse estos hechos durante las vacaciones de verano.
Ese fue el punto de partida, pues a posteriori se localizaron recibos sospechosos de grandes cantidades para material de oficina, tinta de impresión, bombillas y otros aparatos eléctricos, así como de servicios de reparación, pintura o fontanería.
PASARON LOS CONTROLES / Unos gastos que no levantaron sospechas ni en Castellón, ni en València ni en Madrid. Ni tampoco en la Subdelegación, ni en la delegación de Hacienda, ni en el Tribunal de Cuentas. Unas facturas que durante años colaron el hasta ahora tesorero en la plaza María Agustina, de 57 años y con cerca de una treintena de carrera profesional, y el exdelegado de gastos ahora jubilado, de unos 70, que ejercía en la sede gubernamental de la plaza de La Paz.
