A Juan le diagnosticaron alzhéimer hace tres años, pero su esposa, Vicenta, ya había comenzado a percatarse de sus olvidos tiempo atrás. Al principio, eran sólo cambios de humor, pero con el tiempo, su enfermedad se agravó y la familia solicitó las ayudas de la Ley de Dependencia. Le reconocieron el grado II de dependencia severa y le otorgaron una ayuda de 268,70 euros al mes en concepto de prestación de cuidados en el entorno familiar. Porque la familia de Juan, de 61 años, decidió que fuera su mujer quien se ocupara de él. «Necesita apoyo para comer o para vestirse porque de lo contrario se pondría, por ejemplo, tres jerséis y ninguna camisa», describe Vicenta.

La paga para el familiar que cuida de las personas dependientes en casa manda entre las ayudas que contempla en la Ley. En Castellón, algo más de la mitad de las prestaciones concedidas son para atender a mayores o discapacitados en el domicilio, es decir, una retribución económica para las mujeres (la mayoría son esposas, hijas, nueras o madres) que los atienden durante todo el tiempo. La novedad ahora es que, desde el pasado 1 de abril, el Gobierno ha recuperado la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales.

La prestación económica por cuidados familiares es mayoritaria en Castellón, y además, ha ganado terreno con los años. Unos datos bastan para demostrarlo. De las 8.917 personas que en la provincia se benefician de la Ley de Dependencia (datos de abril), 5.009 reciben una prestación para el cuidador en el entorno familiar, según la estadística de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. O lo que es lo mismo, el 56,1% del total. Hace cuatro años, en el 2015, el porcentaje era bastante menor, del 46,1%.

En Castellón, la prestación por cuidados familiares manda (en el conjunto de la Comunitat supone el 55,38%), pero hay diferencias territoriales. En Galicia, por ejemplo, el porcentaje de dependientes que son atendidos en casa es del 17,90%, mientras que en Madrid asciende al 18,86%.

Pero, ¿por qué en la provincia predominan los cuidados en el entorno familiar frente a otras prestaciones como los centros de día, la atención residencial o la teleasistencia? Para los expertos hay dos factores clave. El primero tiene que ver con las preferencias de los ciudadanos, guiados aún por modelos tradicionales de cuidados a la vejez. El segundo es lo barato que sale este servicio, mucho más que una plaza en un geriátrico. «Se trata de prestaciones menos costosas desde el punto de vista económico, pero también son las más demandadas por las familias», apunta Carmen Santamaría, portavoz de la plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de Castellón. La Conselleria, por su parte, insiste en que son las familias las que eligen. «La persona dependiente y su familia es la que acude a los servicios sociales municipales y expone la preferencia que tiene a la hora de solicitar la ayuda», explican desde el departamento que dirige Mónica Oltra.

FALTAN PLAZAS RESIDENCIALES // A estos dos factores se añade la escasez de servicios, sobre todo de plazas residenciales. Y eso explica porqué solo 2.170 dependientes tengan plaza en un geriátrico. En Castellón hay 3.069 plazas (entre publicas, privadas y concertadas), lo que sobre el número de personas mayores de 65 años (más de 107.000 en la provincia) supone una tasa de cobertura de 2,8 plazas por cada cien mayores, una cifra mucho menor que la media española, que es de 4,30.

La ayuda que recibe la persona dependiente que es cuidada en casa oscila entre los 153 y los 387 euros al mes, en función del grado de dependencia, una cantidad que no se revisa desde el 2012. «Ese año las prestaciones bajaron un 15% y todavía no se han recuperado», argumenta Santamaría, que reivindica un modelo combinado en el que se desarrolle la compatibilización de los servicios profesionales y en el entorno familiar, y que den respiro a las personas cuidadoras».