A partir de hoy, las parejas que se den el sí, quiero en Castellón se casarán, a menos que firmen las correspondientes capitulaciones matrimoniales, en régimen de gananciales en lugar de hacerlo como hasta ahora, en separación de bienes. Ayer salió publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la ley de régimen económico matrimonial valenciano de 2007, que entra en vigor al día siguiente de su publicación, como explica José Ramón Chirivella, presidente de la asociación de juristas valencianos. Quienes contrajeron matrimonio desde el 1 de julio del 2008 hasta el 31 de mayo del 2016, en la Comunitat, se seguirán rigiendo por la separación de bienes.

El catedrático de Derecho Civil Javier Plaza explica que el régimen de separación de bienes es más adecuado a la realidad social actual, en la que ambos cónyuges trabajan, y en un momento en que crisis matrimoniales están a la orden del día, pues liquidar un régimen de separación de bienes es mucho menos litigioso y más sencillo que el de gananciales.

A partir de ahora las parejas que quieran mantener la separación de bienes tendrán que firmar las correspondientes capitulaciones, ante un notario, lo que supone un coste de 80 euros, 200 si se ha de recurrir a un abogado.

“Seguro que va a aumentar el número de capitulaciones de una manera muy significativa, porque en la práctica la gente en muchas ocasiones prefiere pactar separación de bienes, porque es la manera de mantener cada cónyuge de forma independiente su patrimonio”, señala Chirivella.

Además de un incremento de la litigiosidad, los expertos vaticinan que la sentencia del TC (a falta de que se pronuncie sobre la custodia compartida y uniones de hecho) “supone una pérdida de la capacidad de autogobierno para la Comunitat, a diferencia de otras comunidades que tienen una capacidad normativa mucho mayor como el caso de Cataluña o Baleares”. Sus efectos se dejarán sentir en 250.000 valencianos.

MANIFIESTO // Por ello, la asociación de juristas está tratando de concienciar a los grupos políticos para conseguir una solución política, que podría ir desde una modificación de la Constitución en este sentido, o bien una ley orgánica que transfiera la competencia del Estado a la Comunitat. Entre tanto, un total de 74 municipios de la Comunitat ha aprobado un manifiesto solicitando la retirada del recursos contra las tres leyes valencianas sobre relaciones de familia y pareja, de los que una docena son castellonenses. En el caso del régimen económico matrimonial, sin embargo, ya se ha llegado tarde. H