No hay médicos para contratar. Las bolsas laborales de facultativos están agotadas, como ha reconocido la Conselleria de Sanidad en diversas ocasiones. Esto genera que no puedan cubrirse las plazas creadas para hace frente a la pandemia, especialmente, en los centros de salud, puerta de entrada al sistema sanitario que ahora también se encarga del diagnóstico precoz de coronavirus y el rastreo de contactos. En consecuencia, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley que permite a las comunidades autónomas contratar a médicos extracomunitarios sin tener la especialidad correspondiente --sin el MIR-- de forma rápida, sin que el Colegio de Médicos de dicha provincia y el Consejo General de Médicos lleven a cabo el reconocimiento, comprobación y equiparación de la titulación, lo que suponía una tramitación de varios meses.

«Ahora puede venir cualquiera, decir que es médico y ejercer. Hay un grave peligro de intrusismo», señala el secretario general del Sindicato Médico CESM-CV, Andrés Cánovas, quien advierte de que la amenaza de huelga profesional está encima de la mesa por este decreto que «deja por los suelos la formación médica en España».

Tanto desde el sindicato como desde el Colegio de Médicos de Castellón, que preside José María Breva, opinan que antes de proceder a la contratación de médicos extracomunitarios hay que tener en cuenta los graduados en Medicina que no han podido obtener plaza para realizar el MIR. «Son profesionales que hemos formado en nuestras facultades, por lo que conocemos su buena formación académica». A su vez, apuestan «porque se aumente el número de plazas MIR que se ofrecen anualmente desde la Administración para poder incluirlos en el sistema», señalan desde el colegio.

«Anualmente salen alrededor de 7.000 graduados de Medicina de nuestras universidades que ven como su incorporación al sistema sanitario se ve frenada porque no pueden completar el período de formación MIR al no obtener plaza. Eso hay que resolverlo», remarcan los portavoces del colectivo.

Por otra parte, el colectivo médico considera «intolerable e inadmisible» que el texto legal permita a cada comunidad autónoma que el personal de enfermería que presta servicios en centros hospitalarios pase a hacerlo en los centros de Atención Primaria de su área de influencia, para realizar las funciones propias de la especialidad de Medicina de Familia de forma excepcional y transitoria si hay falta de facultativos.