El presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, anunció ayer que en los próximos días se aprobará un primer paquete de medidas fiscales urgentes, destinadas a minimizar los perjuicios económicos a los ayuntamientos y contribuyentes más afectados por la crisis del Covid-19.

Esta iniciativa forma parte del plan de choque que la institución provincial está diseñando para atender las necesidades de los municipios y amortiguar el impacto negativo de la pandemia del coronavirus entre los ciudadanos de toda la provincia.

Martí explicó que «la Diputación, como gestora de la recaudación de tributos locales y otros ingresos de la mayoría de municipios de la provincia, aplazará un mes el cobro de los recibos que están en periodo de recaudación voluntaria y suspenderá los procedimientos de cobro de los recibos que ya están en fase ejecutiva, para evitar posibles recargos, sanciones y embargos», detalló el titular de la institución.

En este sentido, destacó que estas medidas recogen las demandas que algunos ayuntamientos ya habían hecho llegar al equipo de gobierno. Otra iniciativa que se aprobará en breve es volver a abrir el plazo para que los consistorios soliciten a la Diputación un anticipo del dinero de la recaudación de tributos locales.

ADELANTO DE TESORERÍA // Cabe recordar que desde la institución se dio orden en el mes de enero de habilitar un adelanto de tesorería de más de 43 millones de euros que fue a manos de 69 municipios, lo que les permitió contar con una importante inyección de dinero para destinar a actuaciones en beneficio de los ciudadanos castellonenses.

Según explicó el diputado de Hacienda, Santiago Agustí, «muchos ayuntamientos no pidieron este anticipo o no solicitaron el máximo, que es el 75% de la recaudación total, de ahí que ahora vayamos a abrir un nuevo plazo para que, todos aquellos que lo necesiten, se beneficien de ese adelanto de la recaudación».

Otras medidas que se está estudiando es la compensación a usuarios de servicios provinciales que se han suspendido a consecuencia de haberse decretado el estado de alarma, como la piscina provincial; o la revisión de todos los plazos de las líneas de subvención y ayudas para facilitar al máximo su tramitación y garantizar su cobro.