Todos son menores de edad y todos viven lejos de sus padres. Algunos sufrieron abusos sexuales. Otros malos tratos físicos y psíquicos. Los hay que pasaron sus primeros meses de vida entre drogas y botellas de alcohol. Y también están aquellos que, procedentes sobre todo de Marruecos o Argelia, llegaron tras una larga travesía en patera. Todos viven en Castellón y todos están bajo la tutela de la Generalitat Valenciana. Lo llamativo es que no son ni uno, ni dos, ni tres. En la provincia ya son más de medio millar, una cifra que en apenas dos años se ha disparado casi un 30%.

A 30 de noviembre del 2019, y según datos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, un total de 542 menores de Castellón estaban siendo tutelados por la Administración autonómica, 115 más que al cierre del 2017. O lo que es lo mismo: cada mes, la Administración asume una media de cinco tutelas de niños o adolescentes maltratados, que han padecido abusos, cuyos padres sufren problemas mentales o adicciones o que un día decidieron cruzar el Estrecho soñando con una vida mejor. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, los niños y adolescentes en esta situación son casi 4.400.

De esos 542 menores protegidos, 303 están acogidos por una familia que cuida de ellos de forma temporal, aunque a menudo esos cuidados se alargan hasta que alcanzan la mayoría de edad. Otros 239 viven en alguno de los 19 centros de acogimiento residencial con los que cuenta la provincia, una cifra que ha aumentado un 70% desde finales del 2017. ¿La causa? La llegada de menores extranjeros no acompañados, también conocidos como menas. Un dato basta para entenderlo. La Conselleria atiende en estos momentos en Castellón a 67 menas (62 están en acogimiento residencial y 5 en familiar), mientras que hace dos años eran 38.

ABUELOS QUE CRÍAN A SUS NIETOS

El acogimiento familiar siempre ha sido una prioridad para el departamento que dirige Mónica Oltra, aunque la realidad es que en los últimos años el porcentaje de menores en situación de desamparo que viven con familias ha ido a la baja. En 2017 representaba el 66,9% en Castellón, mientras que ahora la cifra es del 55,9%. Y entre los menores que se crían con familias, la mayoría lo hace en lo que se conoce como familia extensa, es decir con sus abuelos y tíos. «Ese es el patrón predominante, aunque también hay familias ajenas, y todas hacen una labor loable que hay que seguir impulsando», apunta Ana Soriano, coordinadora de la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar (AVAF) de Castellón y vicepresidenta de la entidad en la Comunitat. En la provincia hay 218 familias acogedoras.

Rosa Molero, directora general de Infancia y Adolescencia, insistió recientemente en que para los niños y adolescentes que se encuentran en el sistema de protección «el acogimiento familiar debe ser el único recurso cuando se hace necesaria la separación de su núcleo familiar», y recordó que las prestaciones económicas tanto para familias extensas como educadoras aumentaron con la llegada del gobierno del Botànic hasta los 14 euros por día y por cada menor de edad, es decir, 420 euros mensuales, una cifra que asciende a 16 euros si el crío tiene alguna discapacidad.

Igualdad apostó desde el primer momento por el acogimiento familiar y, además, en 2017 presentó un nuevo modelo para atender a los menores en centros y residencias. Incorporó a más profesionales en las residencias así como nuevos perfiles, como mediadores interculturales ( ante el aumento de los menas), y redujo el número de menores en cada centro, en un intento de ofrecer una infancia más especializada e individualizada. «Este nuevo modelo se ha completado con la puesta en marcha de pisos de proyecto migratorio, por los que pasan aquellos que requieren un trabajo más específico e intenso desde el punto de vista del lenguaje y la cultura», explican desde el departamento que dirige Mónica Oltra. Y Castellón cuenta con 26 plazas den esos pisos, mientras que el número total de plazas en centros de acogimiento residencial asciende a 239.

POLÉMICA TRAS POLÉMICA

Este nuevo modelo de atención a la infancia no ha estado exento de problemas y conflictos. Retrasos en el pago de las ayudas a las familias de acogida o a los propios centros a los que en el conjunto de la Comunitat Valenciana llegó a deber más de 17 millones de euros; conflictos judiciales como el registrado en Segorbe, donde Oltra cerró el centro «al ver indicios de maltrato y abusos» y luego la Justicia le obligó a reabrirlo; y rechazo en algunos municipios como Buñol, Paterna o Llíria a acoger estas instalaciones.

EXPULSADOS A LOS 18

Pero una de las realidades más duras es la de los menores tutelados que dejan de serlo al cumplir los 18 años de edad. Viven en residencias y centros de protección o con familias extensas pero, una vez que alcanzan esta edad, pueden terminar durmiendo en la calle, si no tienen familia o amigos y no pueden optar a programas para acceder a una vivienda. Es lo que es ocurre, por ejemplo, a los menas. «Primero les protegemos y, después, les damos la espalda. Así es la ley», denuncian desde varias asociaciones que trabajan con estos menores. «¿De qué sirven todos los esfuerzos orientados a la inclusión del menor de edad si la protección cesa el mismo día de su decimoctavo cumpleaños?», se pregunta Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat Valenciana. Y aunque es cierto que existen programas autonómicos de emancipación, las plazas son insuficientes.