Benicàssim, septiembre del 2017. La Guardia Civil detiene a dos menores que supuestamente robaron e intimidaron a otro también menor de edad en una playa del municipio. Castellón, enero del 2017. El juez ordena el ingreso en un centro de internamiento de dos jóvenes de 14 y 17 años detenidos por el crimen de Maikel, cuyo juicio acaba de quedar visto para sentencia... Estos casos son solo dos ejemplos de jóvenes que, antes de alcanzar la mayoría de edad, ya conocen lo que es ser arrestados por la policía, conducidos hasta un juzgado y ser condenados. Lo llamativo es que no son una excepción. Cada semana los juzgados de Castellón dictan cuatro sentencias condenatorias contra menores de edad. Al año suponen 212 adolescentes que reciben un castigo penal por cometer algún delito o alguna falta, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra sigue siendo elevada, pero la estadística arroja un dato esperanzador: en un año las sentencias han descendido más de un 20% y la cifra del 2016 es la más baja en años.
Pese a que las cifras van claramente a menos (la tasa de criminalidad en Castellón se encuentra en mínimos históricos, según el Gobierno), los números siguen llamando la atención, sobre, todo porque quienes delinquen lo hacen cada vez antes. Un dato. De los 212 menores condenados, el 40% (85 en números absolutos) tenían tan solo 14 y 15 años.
Pero lo que de verdad preocupa a las fuerzas de seguridad es el nivel de reincidencia. De los 212 menores condenados en la provincia durante el año pasado, un total de 71 eran viejos conocidos de la policía, dado que acumulaban dos o más infracciones penales. O dicho de otra manera, uno de cada tres es reincidente.
LIBERTAD VIGILADA // Y, ¿qué les ocurre a esos menores una vez son condenados por un juez? La ley establece varias medidas y la mayoritaria en Castellón es la libertad vigilada. De hecho, durante el 2016 esta medida se adoptó en 144 casos, siempre según el INE. Le sigue, aunque a mucha distancia, la prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
Aunque no es la medida más común, un porcentaje de los adolescentes procesados acaban internados en centros como Pi Gros de Castellón. Entre las causas que llevan a un juez de menores a ordenar el ingreso de un chaval de 16 ó 17 años en un centro de internamiento destacan, mayoritariamente, la comisión de delitos de naturaleza patrimonial (robos con fuerza o intimidación), aunque en los últimos años también se han incrementado la imposición de este tipo de medidas debidas a la comisión de delitos relacionados con conductas de violencia intrafamiliar.
