El Ministerio de Transición Ecológica se contradice en su argumentación sobre la necesidad del cierre del almacén Castor. Dos documentos oficiales reconocen la insuficiencia de la capacidad de los almacenamientos subterráneos de gas, mientras el sector azulejero está indefenso ante los vaivenes de las decisiones políticas sobre este recurso energético.
El Ministerio de Transición Ecológica justificó el 6 de noviembre de 2019, mediante resolución en el Boletín Oficial del Estado, el cierre y desmantelamiento de la planta Castor por la reducción de la demanda de gas natural en España en torno a los 350 TWh, y aseguraba no prever la necesidad de grandes incrementos de gas en los próximos años.
CONTRADICCIÓN // En el mismo mes, el 29 de noviembre, el Ministerio de Transición Ecológica generó una memoria para la propuesta de orden que regularía la retribución de la actividad de almacenamiento subterráneo de gas en el 2020, reconociendo un aumento sustancial de la demanda de gas de aproximadamente 50 TWh respecto al 2018.
El 28 de diciembre del 2019 publicó en el Boletín Oficial del Estado dicha orden, incluyendo una disposición para que el gestor técnico del sistema (Enagás) ampliara el periodo de inyección de las existencias estratégicas como consecuencia de los incrementos acusados de la demanda.
El 30 de diciembre de 2019 Enagás emite una nota de prensa reconociendo un aumento del 14% del consumo de gas natural en España. Cifra récord en nuestro país, alcanzando una demanda de 398 TWh, el dato más alto desde el 2010.
El Ministerio de Transición Ecológica argumentó el cierre y desmantelamiento de la planta Castor, actualmente en hibernación, como consecuencia de la reducción de la demanda de gas natural en nuestro país en 2019 y por la previsión de la reducción de consumo en los años venideros. Una información que se contradice con las afirmaciones y documentos oficiales emitidos por el propio Ministerio, tan solo 23 días después de la resolución sobre el cierre del Castor.
Según los documentos oficiales a los que ha tenido acceso este periódico, dichos informes presentan grandes incongruencias que afectan directamente al estado del caso Castor y su enfoque de desmantelamiento, teniendo en cuenta las necesidades actuales de gas. Los documentos del 29 de noviembre y la orden del 28 de diciembre plantean la insuficiencia de capacidad de los almacenes subterráneos españoles para alcanzar los niveles exigibles de reservas estratégicas en los plazos que estipula la regulación existente.
En la orden del 28 de diciembre, el Ministerio de Transición Ecológica reconoce que la relajación de los requisitos para cumplir la actual regulación «se produce como consecuencia de los incrementos asociados de la demanda que lleva asociada a su vez un fuerte incremento de las obligaciones de mantenimiento de las reservas estratégicas de gas, que resultan incompatibles con la capacidad de los almacenamientos subterráneos». Un hecho que contradice la argumentación para el desmantelamiento del almacén Castor y sus reservas.
