La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, indicó ayer que todavía no ha encontrado los informes que el anterior Gobierno anunció que iba a recabar para saber cuándo se podría desmantelar el almacén de gas Castor, y se comprometió a encargarlos rápidamente, si no los hay.

Ribera, en respuesta a una pregunta del senador de ERC Miguel José Aubà sobre la fecha en que estarán disponibles estos documentos, recordó que, una vez que el anterior Ejecutivo dispuso de los informes de la Universidad de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts que le llevaron a paralizar de forma definitiva ese proyecto, el Ministerio de Energía anunció que recabaría informes técnicos para saber cuándo y en qué condiciones se podría desmantelar siempre con la máxima seguridad.

«A fecha de hoy no conozco esos informes. No los tengo. No los he encontrado», manifestó la ministra, que añadió que todavía no tiene constancia de «a quién se han encargado y en qué momento están». Teresa Ribera se comprometió a «averiguar dónde estamos» y a traer la información al Parlamento y compartirla con diputados y senadores.

polémica // La relación de Ribera con el Castor no se limita a su aún breve etapa como ministra, ya que cuando era secretaria de Estado de Cambio Climático con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero firmó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable a dicho proyecto.

El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas tras registrarse cientos de seísmos en la zona, y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS --promotora del importante proyecto-- a la concesión de la instalación de Vinaròs.

El Ejecutivo mediante un real decreto-ley estableció una indemnización de 1.350,7 millones para Escal UGS, que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

Escal UGS cobró de una sola vez la indemnización a través de Enagás, que transfirió esa deuda al Santander, Caixabank y Bankia, entidades que adquirieron el derecho de cobro de la indemnización. La percibieron hasta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia paralizó los pagos, a raíz de que el Tribunal Constitucional anuló parte del real decreto-ley que fijó la indemnización. Los tres bancos formularon ante el Gobierno una reclamación de responsabilidad, en la que solicitaban la devolución del dinero aportado.