El equipo de gobierno de la Diputación de Castellón que preside Javier Moliner anunció ayer la apertura del proceso para tratar de alcanzar un consenso en las bases de los Planes de Obras y Servicios (POYS) del 2017 con la oposición, después de las fricciones y polémicas que ha vivido la institución en torno a esta cuestión, sobre la que se ha criticado que estas ayudas para los pueblos no incluyeran a los municipios de más de 20.000 habitantes.
En todo caso, los POYS, a los que se prevé destinar más de 8 millones de euros el próximo ejercicio, como adelantó Mediterráneo, continúan como eje de discusión entre la institución y la Generalitat, pues la primera pide a la Administración autonómica que iguale su aportación económica para los pueblos, mientras que el Consell quiere que la Diputación dé dinero para su futuro Fondo de Cooperación Local.
En cuanto al reglamento de las ayudas provinciales para los municipios, el diputado de Cooperación, Iban Pauner, adelantó la intención declarada por Moliner de hacer de los POYS «un espacio de entendimiento político», así como confirmó la propuesta de incluir también la prestación de servicios entre los proyectos para los que se pueden pedir ayudas.
ronda de contactos // Pauner anunció también que, además de que el equipo de gobierno iniciará una ronda de contactos con todos los grupos políticos «para seguir abriendo la casa y sus políticas a todas las formaciones», la próxima semana se convocará una reunión de trabajo con representantes de todos los grupos. Según el diputado, «se materializará así el compromiso de presidencia por abrir la toma de decisiones, y hacerlo en asuntos de relevancia como es las bases de este plan para mejorar los servicios que reciben los pueblos». H
