La validación del nuevo impuesto a los residuos de la industria azulejera provocó ayer una cascada de críticas desde las filas populares. Desde la Diputación, su presidente, Javier Moliner, señaló su sorpresa por lo que considera «un castigo» a un sector que crea valor y riqueza al conjunto de la Comunitat, además de generar empleo. «No se puede penalizar a un sector como este», explicó el máximo responsable de la institución provincial, quien calificó la medida como «una muy mala noticia para Castellón».
Moliner reprochó el afán recaudatorio de la medida, mientras dijo echar en falta acciones del Consell encaminadas a promover el uso de la cerámica.
«OPACIDAD», SEGÚN EL PP // El secretario de Política Local del Partido Popular de Castellón, Salvador Aguilella, se sumó a esta denuncia al señalar que «la subida del canon para la incineración de vertidos en la industria del azulejo supondrá un lastre más para el crecimiento del sector, motor de la economía de la provincia».
Finalmente, la portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, se preguntó ayer si la alcaldesa de esta ciudad, Amparo Marco, defenderá los intereses del sector, a lo que añadió que este gravamen se ha negociado con Podem a espaldas del sector de una forma opaca.
