El trabajo realizado durante años por el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, a lo largo de su etapa al frente de Partenalia, el lobi europeo de las administraciones de tamaño intermedio, ha dado sus frutos y, «por fin», como han informado desde la institución provincial, los fondos Feder de la Unión Europea (UE) recogerán una partida específica para territorios con riesgo de despoblación y para que lo gestionen las provincias.

Las mismas fuentes indicaton que el Parlamento Europeo ha aprobado reconocer a las administraciones provinciales, las diputaciones en España, como destinatario de ayudas directas de los fondos europeos para el desarrollo (Feder), así como ha ratificado que se destinará un 5% de los recursos de este paquete económico a la lucha para afrontar el despoblamiento rural. El volumen financiero que supone se ha estimado en 13.500 millones.

Se trata, precisamente, de una petición planteada en su día por Javier Moliner desde Partenalia, así como desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), vocales como José Manuel Baltar hicieron propia la reivindicación, por la que el presidente castellonense ha continuado trabajando de modo que en este momento ya se ha convertido en una realidad.

Entre los hitos que se han producido, destaca el hecho de que en una votación histórica, la Eurocámara ha acordado que la despoblación sea por primera vez una prioridad europea.

Igualmente, se ha acordado la mencionada partida específica de 5% de los Feder en cada estado miembro para dedicarlo a actuaciones necesarias en las zonas en crisis demográficas para el período 2021-2027, entre las que se halla el interior castellonense, que padece una continua sangría de habitantes en buena parte de las poblaciones de montaña.

Además, Europa reconoce, también por primera vez a la administración de tamaño intermedio que es la Diputación, lo que se conoce en el argot europeo como NUTS III, como destinatario de estas ayudas económicas.

zonas prioritarias // El texto aprobado en Estrasburgo establece que las provincias o comarcas con una población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado o con una disminución anual de 1% de sus habitantes desde el inicio de la crisis estarán sujetos a planes nacionales y regionales dotados de financiación específica para fomentar el atractivo de esas zonas, la inversión, servicios digitales y servicios públicos.

El documento explica que la reserva de dinero Feder se destinará al desarrollo territorial integrado en áreas no urbanas con desventajas naturales, geográficas o demográficas, o con dificultades para acceder a servicios básicos. Al menos el 17,5% del total se asignará a las zonas y comunidades rurales teniendo en cuenta las disposiciones de un Pacto de Aldeas Inteligentes, al que corresponde una financiación inicial de 2.000 millones de euros.