El presidente de la Diputación, Javier Moliner, exigió este lunes explicaciones a la consellera de Sanidad, Carmen Montón, por la bajada de la calidad asistencial y el aumento de las listas de espera en el Hospital Provincial. Lo hizo durante el consejo de gobierno del centro, en el que se dio luz verde a la homologación de categorías profesionales del consorcio con las de la red pública sanitaria, una medida contra la que votó la Diputación. Moliner alertó del «evidente deterioro» de los servicios sanitarios, un declive provocado por los recortes de Montón para «desmantelar» el centro.
Como avanzó Mediterráneo, la actividad quirúrgica se ha desplomado más de un 30% en los últimos dos años y las listas de espera para operarse se han multiplicado por seis como consecuencia de la eliminación de cerca de medio centenar de puestos de trabajo. Así lo evidenció este lunes el presidente provincial, que aprovechó el consejo para solicitar información sobre unos números «que nos preocupan a nosotros y a toda la provincia». Moliner también habló de «fuga» entre los profesionales que más capacitaciones tienen y que «están buscando excedencias o cambios de plaza».
La consellera, por su parte, negó la marcha de especialistas de prestigio, así como también la destrucción de empleos e incidió en que el Consell apuesta por la «estabilidad laboral» y crea «nuevos puestos, acabando con los contratos en fraude de ley».
Una versión apoyada por el director-gerente, Joaquín Sanchís, quien alegó que a su llegada al cargo el 10% de los trabajos estaban en situación irregular, una cifra que dice ser «cero» ahora.
Más pleitos y menos actividad
Las demandas interpuestas contra el Provincial también han aumentado, según el máximo representante de la Diputación, fruto del descontento. Moliner incidió en su preocupación porque el consorcio acabe siendo un lugar «de paso» para los profesionales y en un hospital que cada vez «tiene listas de espera más largas».
El presidente pidió plantear decisiones y no quedarse «de brazos cruzados», mientras la actividad quirúrgica y oncológica cae un 5% cada cuatrimestre.
El consejo aprobó, asimismo, la reubicación de las cinco religiosas que viven en el Provincial para utilizar su actual residencia como ampliación de Urgencias. Las mismas se trasladarán a la vivienda destinada al capellán del centro, que está vacía. Una decisión en la que la Diputación se abstuvo al considerar que las afectadas han aceptado «por imposición, al amenazarlas el Consell con echarlas». El proyecto se licitará este año, según Montón, y la obra comenzará en el 2018.
Por último, el consejo declaró nulo el contrato que en el 2011 firmó Carlos Fabra con el piloto Álex Debón, propietario de unos terrenos en la Vall, para crear un hospital de salud mental.
