El presidente de la Diputación, Javier Moliner, recordó ayer el reciente acuerdo unánime de todos los grupos con representación en la institución provincial para exigir al Gobierno de España, que preside Pedro Sánchez, la ampliación de la autovía sin peaje del interior, la A-7 hasta el límite con Tarragona, ahora puesto en cuestión y condicionada a la liberalización de la autopista de pago AP-7 en enero del 2020, como informó Mediterráneo.
Moliner aseguró ayer martes que «la postura del Ministerio de paralizar la autovía interior con la excusa de liberalizar la autopista de peaje es un argumento más dentro de la política de castigo a la que el Gobierno central está sometiendo a la provincia de Castellón». Argumentó que «la provincia de Castellón es la única de la Comunitat Valenciana que no está vertebrada por una autovía libre de peaje que permita el tráfico pesado más allá del papel que hace, y que hará en un futuro gratuitamente, la autopista de peaje en el litoral», resaltó.
El presidente provincial añadió que este territorio «no puede resignarse a no contar con una infraestructura que es básica, que es pilar fundamental de ese corredor mediterráneo que tiene que tener su versión en ferrocarril, pero también su versión en carretera por el interior que permita exportar productos e importar materias primas».
Por su parte, el Ayuntamiento de Vilanova d’Alcolea, en cuyo término se halla el aeropuerto, aprobó una moción del PP para reclamar que el proyecto de prolongación de la autovía siga adelante porque entiende que «puede suponer un revulsivo para el futuro» de la población, así como un «estímulo» para la reindustrialización de este municipio, puso de manifiesto la portavoz de los populares, Mónica Bellés.
