El Juzgado de Familia de Castelló celebró ayer una vista para abordar el traslado de los 12 menores del centro de acogida de Segorbe que fueron reubicados en otras instalaciones tras el cierre ordenado por la Generalitat ante una denuncia por presuntos abusos sexuales y otras presuntas irregularidades en el centro del Alto Palancia. La congregación religiosa de las Hermanas Terciarias Capuchinas ha recurrido ante este órgano judicial las medidas de protección adoptadas por la Conselleria que dirige Mónica Oltra respecto de los menores (no así del cierre de la instalación, que compete a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo) y cuestiona la legalidad de los traslados de los adolescentes, según informaron ayer lunes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat a este diario.
En la vista celebrada ayer se abordaron los casos concretos de la docena de menores y el juez deberá decidir ahora al respecto.
Cabe recordar que en el 2017 el centro fue clausurado en atención a supuestas deficiencias en las instalaciones y en el trato a los menores, a raíz de un informe de la inspección --las hermanas rechazaron las acusaciones y un centenar de personas se manifestaron en las calles de la localidad contra el cierre de un centro con 120 años de historia--.
El Juzgado de lo Penal número 3 de Castellón dictó sentencia en septiembre del 2018 y absolvió al educador social del colegio de la Resurrección de Segorbe, acusado del delito continuado de abusos sexuales a una de las alumnas del citado centro --la Fiscalía pedía tres años de prisión--. Esta circunstancia desencadenó, precisamente, la expulsión del trabajador y, posteriormente, el cierre de la escuela de menores de familias desestructuradas.
El centro reabrió recientemente sus puertas con un nuevo gestor, como publicó este diario. Según confirmó el obispado de Segorbe Castellón, las dependencias dependen ahora directamente de la Fundación Amigó.
