La nueva renta de inclusión social, que sustituye a la renta garantizada de ciudadanía, arrancará el próximo 23 de abril en la provincia con 4.996 personas destinatarias, de las que 2.134 tienen la condición de titular de la ayuda, y 2.862 son beneficiarias. Este número ha ido en aumento en los últimos años. Así, ahora la perciben un 31% de personas más que las que había en el 2013.
La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, resaltó que este nuevo mecanismo, que se aplicará de forma progresiva hasta el 2020, «mejorará el acceso a la prestación y amplía la cuantía». «El Consell está cumpliendo su compromiso de revertir el abandono de la renta por parte del antiguo gobierno, habiendo una marcada mejora en la gestión y en la implementación de la ley», afirmó.
La Conselleria ha pagado 12.746.498 euros en prestaciones durante los últimos tres años en Castellón. La también vicepresidenta del Consell reivindicó la labor que se ha hecho para terminar con los retrasos que se acumulaban en el abono de esta ayuda. Entre los esfuerzos hechos, también resaltó la creación de nuevos puestos de funcionariales en las territoriales para intentar atender y reducir «el insostenible número de solicitudes no atendidas, de manera que en pocos meses, se logró reducir hasta los 15.545 la lista de espera» en la Comunitat, donde la cifra de beneficiarios asciende a 51.247.
Más destinatarios
En este sentido, el presidente del Colegio de Trabajo Social de Castellón, Jaume Agost, asegura que se trata de una «ley más avanzada y garantista al poder acceder a esta ayuda más personas». Otros puntos claves hacen referencia a que es complementaria con otras prestaciones, por ejemplo, está vinculada a la beca de comedor escolar de forma automática, y que no hay necesidad de prorrogarla cada seis meses, como ocurría hasta ahora. Por tanto, esta renta será indefinida hasta que la situación del beneficiario cambie.
Agost recalcó que los trabajadores sociales son los encargados de valorar la situación personal y familiar de cada solicitante y tramitar la correspondiente renta de acuerdo a sus características. «Somos una figura activa, ya que si el beneficiario necesita una intervención social se le adecúa y se hace el seguimiento», explicó, al tiempo que resaltó que será, a partir del próximo día 23 de abril, cuando esperan un mayor número de solicitudes.
Crédito ampliable
Esta nueva medida social nace con una partida presupuestaria considerada como crédito ampliable para poder hacer frente a todas las solicitudes. Asimismo, se aprobó un decreto que, además de agilizar los trámites administrativos, también considera a las direcciones territoriales dependientes de la Conselleria centros de atención directa, y que el plan familiar de inserción que deben elaborar los servicios sociales municipales no sea determinante para la concesión de estas ayudas, en aquellos casos en que los ayuntamientos se demoren más de dos meses en la redacción del plan. Mediante el decreto, los puestos de trabajo adscritos a la tramitación de la renta pasarán a ser cubiertos de forma inmediata.
