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reiteran el relato del pacto con fiscalía para eludir la prisión

Nueve empresarios confiesan los pagos ilegales por 1,2 millones

 

M. A. C. // EFE CASTELLÓN
17/01/2018

Los nueve empresarios acusados en el juicio de Gürtel contra la excúpula del PP valenciano reiteraron ayer en su comparecencia ante el juez la confesión ya realizada en febrero del 2017, en virtud de un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel, que pagaron algo más de 1,2 millones de euros para financiar ilegalmente al PP en las campañas electorales del 2007 y 2008.

En la segunda sesión del juicio que celebra la Audiencia Nacional reconocieron, por tanto, todos los hechos de los que le acusa Anticorrupción. La Fiscalía cree que el montante total que el PP valenciano no declaró por servicios de publicidad en campaña contratados a la trama Gürtel asciende a más de 1,1 millones de euros en las elecciones autonómicas del 2007; a 78.878 euros en las municipales del mismo año; y 801.810 en las generales del 2008. En total, poco más de 2 millones de euros.

A cambio del mencionado acuerdo, la fiscala Miriam Segura solicita penas de cárcel inferiores a dos años --por lo que no entrarían en prisión-- que pueden ser sustituibles por multas que oscilan entre 45.000 y 63.000 euros, aparte de otras multas en concepto de responsabilidad civil.

Se trata de Vicente Cotino --sobrino de que fuera presidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino--, Enrique Ortiz y otros nombres del mismo grupo; así como gestores de las empresas castellonenses, Facsa, Lubasa Desarrollos Inmobiliarios y Piaf, del mismo modo que de la firma Padelsa. Todos ellos contestaron solo a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y a sus propios abogados.

Todos reconocieron que asumieron como propios gastos electorales que el PP valenciano no declaró por estar excediendo el límite de gasto previsto en la ley, los reflejaron en su facturación y los incluyeron en sus declaraciones tributarias. Admitieron que, como señala el escrito del fiscal, los pagos se hicieron por las empresas que ellos administraban directamente a Orange Market (filial de Gürtel en Valencia) «y esta les facilitó facturas por servicios que en realidad no habían sido prestados». Según consta en el pacto sus sociedades no podían realizar donaciones al partido ya que eran grupos beneficiarios de contratos con administraciones públicas valencianas.