El primer día de inicio de los trabajos en la rehabilitación del firme de la variante de la Vall d’Uixó, con la señalización de las obras en la A-7, registró ayer las primeras colas en lo que se teme sea el preludio de un colapso en las comunicaciones por carretera entre Castellón y Valencia, según coincidieron ayer en señalar colectivos de automovilistas, autónomos del transporte, la Unión de Consumidores -UCE- y Compromís, que reclamaron medidas excepcionales para evitar los problemas en las conexiones viarias, como es la liberalización temporal de la autopista AP-7, al menos durante los seis meses que se calcula que pueden durar las actuaciones proyectadas por el Ministerio de Fomento.

Desde la UCE se recuerda que estos trabajos coincidirán en el tiempo con los retrasos que se vienen produciendo en los servicios de Cercanías a consecuencia de las obras del corredor mediterráneo, lo que puede «colocar a las poblaciones situadas en el litoral de la provincia de Castellón al borde del colapso». Para este colectivo, resulta «bochornoso» que Fomento «no haya sabido programar en el tiempo dos obras que --al ejecutarse paralelamente-- supondrán un claro perjuicio para todos aquellos que necesitan desplazarse entre Valencia y Castellón», señala.

Las voces que piden medidas preventivas también han saltado al ruedo político, por boca de los senadores de Compromís Carles Mulet y Jordi Navarrete, quienes proponen al Ministerio de Fomento que se plantee liberar temporalmente el peaje de la autopista AP-7 entre Nules y Almenara, al menos mientras duran los «inaplazables» trabajos de mantenimiento de la autovía entre la Vilavella y Xilxes.

Para los dos representantes de Compromís en la Cámara Alta, «el Ministerio debe plantearse la firma de un convenio urgente con la concesionaria para garantizar el tráfico de un volumen de vehículos suficiente para no saturar otros viales como la N-340 mientras duran estos cortes programados hasta el mes de marzo de 2017», según expusieron a través de un comunicado.

3,6 millones en 6,5 kILÓMETROS // El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, por su parte, dijo ayer en Castellón que no se baraja liberalización alguna hasta 2019, año que está prevista la resolución del contrato con la empresa adjudicataria, según las previsiones de Fomento. Moragues sí destacó la fuerte inversión de esta actuación, por importe de más de 3,36 millones de euros en poco más de 6,5 kilómetros y «esto es invertir en más seguridad». H