Además de las industrias consideradas como no esenciales, la construcción fue uno de los sectores afectados por el decreto estatal que obligó a detener la actividad durante dos semanas, justo en los peores momentos de la evolución de casos de coronavirus en nuestro país. Las empresas volvieron a la carga el día 14, tras los días festivos de Semana Santa, y el ritmo de la actividad es «mejor de lo esperado», según explica el presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (Apecc), Fernando Alfonso.

Aún así, de las aproximadamente 15.000 personas que se dedicaban a estas labores a finales del pasado año en la provincia, 2.321 están incluidas dentro de uno de los 439 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) aprobados ya por el Servicio Territorial de Castellón de la Conselleria de Economía.

Apecc calcula que el coste de la emergencia sanitaria alcanza los 42 millones de euros, tanto por la detención completa de la primera quincena de mes, como por aquellos que se han visto obligados a cerrar, aunque sea temporalmente. Fernando Alfonso hace especial hincapié en una rama de la construcción que todavía está paralizada, «la de las reformas en edificios que están habitados».

En la vertiente más positiva está la obra pública. «Se ha reiniciado por parte de casi todas las administraciones, y uno de los ejemplos más destacados la mejora del trazado en la carretera nacional 232 en Morella», una de las más importantes de cuantas se ejecutan en estos momentos. El retorno de la construcción se aplica con un reforzamiento de las medidas de prevención para evitar contagios, con un protocolo elaborado recientemente.

PAGOS CON RETRASOS / La Asociación Provincial de Excavaciones y Movimientos de Tierras de Castellón (Apecas) denuncia junto a otra patronal del sector de Valencia la demora en pagos que están sufriendo en su vuelta a la actividad. Ambas entidades anuncian la intención de hacer un frente común para «mediar ante las diferentes administraciones y que como tales ejerzan un papel ejemplarizante al cumplir la ley en el vencimiento de pago de facturas en obras de titularidad pública y que, al mismo tiempo, cumplan su función de control respecto a la demora de pagos de algunas grandes constructoras».

Para el presidente de Apecas, Emilio Zafón, «necesitamos recuperar una actividad real, adoptando las medidas de seguridad pertinentes, recuperar unos niveles adecuados de productividad, pero para ello se requiere activar muchas licencias que, de momento, la administración tiene paralizadas». Además, indican que el freno a las reformas y la falta de suministro contribuyen a que apenas se llegue al 50% de la actividad.