La okupación de viviendas ha vuelto a la actualidad informativa a raíz de la aparición de varios casos polémicos y la tendencia al alza en varias zonas de España. En Castellón, sin ser un fenómeno alarmante, como por ejemplo en Barcelona, lo cierto es que este año se ha producido un repunte en las denuncias respecto al 2019, lo que es más remarcable sobre todo por las restricciones a la movilidad que impuso el estado de alarma a causa del coronavirus.
Según los datos del Ministerio de Interior, que recogen las reclamaciones interpuestas ante la Guardia Civil y la Policía Nacional -no contemplan las de las policías locales-, de enero a junio de este año hubo 46 denuncias de propietarios por una okupación, por las 36 que hubo en el mismo periodo del año anterior, que se cerró con 81 (ver detalles en el gráfico), lo que supone casi un 28% más.
Esto no significa, por otro lado, que el número de casas okupadas sea únicamente ese. El Instituto Cerdà, especialista en recopilar estadísticas relacionadas con la innovación social, estima que en Castellón hay aproximadamente un millar de las más de 100.000 que hay en territorio nacional.
PISOS DE BANCOS / Los agentes de la propiedad son buenos conocedores de este fenómeno y todos los consultados coinciden en señalar que los pisos vacíos propiedad de bancos son los que más se okupan, no los habitados. «Lo que sí que se ha notado es que se han envalentonado. Ahora si vas a reclamar te recitan sus derechos de memoria», indica Carlos Cabrera, secretario de Coapi, el colegio profesional que agrupa al colectivo.
Según las mismas fuentes, se trata de un fenómeno más común en Castelló y en el norte de la provincia que en el sur. «La incidencia por esa zona es mínima. Yo solo conozco un caso en Xilxes», detalla Joaquín Estañol, delegado en la provincia de la Asociación Valenciana de Inmobiliarias.
«Se nota que hay miedo sobre todo en la gente de fuera de Castellón. Tengo clientes de Madrid que me han dicho que no ponga el cartel de Se vende porque creen que se les pueden meter dentro», manifiesta por su parte Nuria Marco, vicepresidenta de Coapi. Y es que en otras partes de España el fenómeno es mucho más intenso. Sin irse muy lejos de Castellón, en Tarragona, durante el mismo periodo, se interpusieron ante la Guardia Civil y la Policía Nacional 359 denuncias por este motivo, más que en Valencia.
Sin embargo, donde la problemática está desatada es en la ciudad de Barcelona, que con 2.644 reclamaciones supera con mucho a la segunda provincia más afectada, Madrid, con 657.
"SEPARAR CONCEPTOS" / La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Castellón, Nicole Tudorache, señala que el «vandalismo» de algunas personas que ocupan viviendas perjudica a las que realmente tienen un problema habitacional.«Hay que separar ambos conceptos», manifiesta.
Tudorache denuncia que algunas de las personas que se ven obligadas a violentar un inmueble son «perjudicados por lanzamientos provocados por fondos buitre, incluso estando al corriente de pago».
Asimismo, indica que continúa habiendo «poco soporte» de los ayuntamientos ante esta problemática.
