La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, anunció ayer la ampliación de la red pública de valoraciones y otras medidas para agilizar la tramitación de los expedientes, tras admitir su departamento que en la provincia de Castellón hay 3.228 personas pendientes de valorar o ya valoradas pero en trámite de prestación y 5.957 atendidas.

Oltra presentó el nuevo decreto del Consell que trataría de resolver algunas de las carencias que denuncian en el décimo aniversario de la ley los colectivos de discapacidad y dependencia: la falta de medidas de promoción de la autonomía personal y el elevado tiempo que tienen que esperar desde que presentan la solicitud hasta que perciben la ayuda.

Así, además de los servicios generales municipales, las valoraciones se podrán hacer en residencias públicas, hospitales de media y larga estancia, unidades de salud mental y prisiones.

Además, el decreto incluye procedimientos independientes para las resoluciones de grado y del programa individual de atención (PIA), que hasta ahora se dictaminaban en una misma resolución, lo que provocaba retrasos en los plazos de resolución, ya que hasta que no estuviera aprobada y notificada la propuesta del PIA no se podía continuar con el proceso. Asimismo, en los casos que los que las preferencias expuestas por el interesado coincidan con el informe social del entorno, se emitirá automáticamente la resolución del PIA, lo que permitirá reducir entre uno y dos meses los plazos, algo que según Oltra ocurre en el 90% de casos.