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la provincia pasará de tener dos a 60 baremadores

Oltra admite ralentización en la valoración de los dependientes

El retraso se debe a que los Servicios Sociales no tenían plantilla para tramitar

 

N. B. B. nbalaguer@elperiodico.com CASTELLÓN
23/05/2017

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, reconoció ayer la «ralentización» de las valoraciones en materia de dependencia al asegurar que el nuevo decreto de reconocimiento, que unifica la normativa y agiliza plazos, debe hacerles cumplir el plazo de seis meses que plantea la Ley de Dependencia para una resolución.

Oltra ya afirmó que, con el nuevo plan, Castellón pasará de dos a 60 baremadores, por lo que aseguró que la provincia, que cuenta con 6.876 dependientes (1.600 de los cuales no perciben ninguna prestación aún), ganaría en «proximidad y celeridad». Los servicios sociales de Castellón y la Vall d’Uixó ya valoran a los dependientes en lista de espera, mientras que Burriana, Vila-real y Almassora está previsto que lo hagan de forma inminente.

La vicepresidenta apuntó ayer que el objetivo «radical y rompedor» que se planteó cuando accedió al cargo era «estar cumpliendo la con la Ley de Dependencia al final de la legislatura».

En este sentido, apuntó que «no es un problema de valoración» y que «el atasco» está «en las resoluciones, en los PIA (Programa Individual de Atención)». Así lo advirtió ya la Plataforma de la Dependència de Castellón, que se mostró preocupada el pasado mes de abril al pensar que el nuevo plan de valoraciones pudiera agilizar el proceso en los consistorios, pero que provocara que el aluvión de resoluciones se quedara estancado en el Consell. Oltra defendió ayer que con el nuevo decreto, que entrará en vigor «en días», «se agilizará muchísimo».

Oltra asumió que las valoraciones se han ralentizado, pues al llevarlas a los municipios «ha habido un impás» al pasar de 17 a 400 valoradores, que han tenido que formarse y disponer de la tecnología necesaria, pero «ya están cogiendo ritmo». Con el nuevo decreto, el expediente entra en el ayuntamiento, los Servicios Sociales hacen el informe, aplican la valoración y lo envían a Valencia para su resolución.