Después de que Mediterráneo publicara este martes que la lista de espera para beneficiarse de la ley de dependencia en Castellón ha alcanzado el nivel más elevado desde finales del 2017 con 2.948 personas, 758 más que hace un año, desde la Conselleria de Igualdad alegan que, de ellas, una de cada cinco no tendrá la consideración de dependiente.

Así, fuentes del área que dirige Mónica Oltra argumentan que en dicho epígrafe hay «tanto valoradas a falta de resolución, como gente que todavía no lo está». Es más, estiman que alrededor de un 18% serán resueltas con un grado 0, es decir, no tendrán la consideración de dependientes.

Desde la Conselleria destacaron también que el incremento de empleados en los ayuntamientos ha sido posible gracias a que el departamento autonómico ha aumentado en un 379% los fondos destinados a tal fin, con 6,6 millones en el 2019 en la provincia, lo que ha permitido pasar de subvencionar 51 puestos de trabajo en 2015 a 242 este ejercicio.

Por su parte, el partido de Oltra, Compromís, que ha valorado el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que ha certificado la insuficiente financiación de las ayudas a la dependencia por parte del Estado, ha pedido al Gobierno que aporte el 50% de los gastos de la dependencia y reconozca como deuda con la Generalitat el dinero que no ha aportado desde 2017.

MÁS PERSONAL

La vocal de la junta de gobierno del Colegio de Trabajadores Social de Castelló Anna García demandó más personal para la Conselleria de Igualdad, donde se deben validar todos los expedientes que cumplimentan los profesionales en los ayuntamientos para que pasen a la valoración de grado y se produce un embudo que hace que en ocasiones tarde bastante. También explicó que hay municipios grandes que precisan de más efectivos. «Hay municipios que funcionan bien y otros que van con retraso», explicó, añadiendo que cada uno tiene una casuística y una forma de trabajar diferente. «Esta falta de implementación homogenea a nivel territorial sería imposible entender en otros sistemas del bienestar como educación o sanidad». Añadió que en el caso de quienes optan a un cambio en el Programa Individual de Atención (PIA), por ejemplo de centro de día a residencia o de prestación por cuidador no profesional a prestación por servicio de ayuda a domicilio, también se demora el proceso, quedándose en ocasiones estancado en la Conselleria que es la competente para resolver. «El desarrollo multinivel (Conselleria y entidades locales) implica un mayor encaje de bolillos y una necesaria colaboración interinstitucional que no siempre se hace efectiva, lo que recae en última instancia en la ciudadanía», añade.

SÍNDIC DE GREUGES

La gestión de Oltra ha motivado la intervención también del Síndic de Greuges ante las reclamaciones. Los ciudadanos de Castellón han remitido casi un centenar de quejas en los tres últimos años, principalmente por expedientes de responsabilidad patrimonial (devolución del copago encubierto o a familias de dependientes fallecidos) y demora en la tramitación, aunque estas últimas han descendido. En lo que va de 2019 se han recibido 22, las mismas que en doce meses del 2017. En 2018 fueron 50.

En ellas el Síndic recuerda a la administración su deber de dictar la resolución en un plazo máximo legal de seis meses. Es el caso de una mujer que solicitó una revisión del reconocimiento de su situación de dependencia el 19 de abril del 2018 y ocho meses después su expediente continuaba sin resolverse.