Más personal para desatascar las resoluciones de la dependencia, una vez las valoraciones, que ahora empiezan a realizar los ayuntamientos, llegan a València. Esta es la intención de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para agilizar la lista de espera y reducir el tiempo de demora que un dependiente sufre desde que solicita una prestación hasta que recibe la ayuda. Un retraso que puede llegar a los dos años. Y es que, como informó ayer Mediterráneo, con la implantación del nuevo modelo, destinado a mejorar la atención de la dependencia, ahora los afectados se encuentran con que las valoraciones, al realizarlas los Servicios Sociales municipales, además de un equipo de Conselleria que sigue como refuerzo, van más rápidas, pero estas se estancan cuando llegan al departamento que debe decidir qué tipo de ayuda recibirá el solicitante, según el grado reconocido. Actualmente, de los cerca de 7.000 dependientes que hay en la provincia, existen 1.500 que todavía no reciben ayuda.

Desde el departamento de Mónica Oltra aseguran que es pronto para valorar el funcionamiento del nuevo plan en la provincia, ya que los primeros ayuntamientos empezaron a hacer dictámenes hace unos cuatro meses. Según datos de la Conselleria, en la provincia de Castellón se ha pasado de 9,6 millones para la contratación de equipos base en el 2015 a los 36,3 millones de euros de este ejercicio, «lo que ha permite a los ayuntamientos, con estos fondos, realizar cerca de 200 nuevas contrataciones, cuadriplicando la cifra de profesionales».

De todos modos, según señalan desde la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia hay consistorios que están aportando fondos propios para poder hacer frente a esta nueva encomienda.

ratio // Esta inversión permite, según el Gobierno autonómico, que los ayuntamientos puedan mejorar la ratio de atención al ciudadano, pasando de un profesional por cada 11.382 habitantes en el ejercicio 2015 a uno cada 2.923 durante este año.

En cuanto a los servicios que se encargan de resolver los expedientes, desde la Conselleria aseguran que en el año 2016, y al finalizar la encomienda de gestión que tenía con el Instituto Valenciano de Acción Social y Sanitaria (IVASS), se cubrieron las 48 plazas que quedaban vacantes y se ampliaron hasta la cifra de 52. En este sentido, en los presupuestos de este año se han consignado fondos para ampliar con 40 plazas funcionariales los servicios encargados de gestionar la dependencia, asumiendo así la tarea que se hacía desde el IVASS y ampliando en cinco nuevos puestos la oferta anterior.

Asimismo, desde el departamento de Mónica Oltra han insistido en que la vicepresidenta reclama de forma insistente al Gobierno central eliminar los topes que tiene impuestos sobre las tasas de reposición del personal funcionarial, «con el objetivo de que los servicios sociales se puedan convertir en la tercera pata del Estado del Bienestar, junto con Educación y Sanidad».