El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra tiene ahora un nuevo frente judicial abierto, ya que un juzgado de Castellón ha admitido a trámite e iniciado la investigación por presuntas irregularidades en el proceso por el que Golf del Mediterráneo SA y el Club de la Coma pasaron a manos de la familia del deportista Sergio García.
El origen del asunto judicial está en la querella presentada el pasado verano por los accionistas Santiago Vives y Francisco Planelles «por la posible existencia de delitos societarios». Ambos señalaron, como publicó Mediterráneo el 15 de julio, que el consejo de administración se habría confabulado con Golf Borriol SL, propiedad de la familia de Sergio García, «para apropiarse» del club y sus instalaciones, valoradas en 9,5 millones. Por su parte, Carlos Fabra, quien confirmó que declarará como imputado por su condición de presidente del consejo de administración de la empresa, dijo estar «muy tranquilo», y que «el fiscal no habla de delitos en ningún caso, sino que, como mucho, habría un tema de mala gestión, de administración dolosa».
El expresidente de la Diputación, que cumple condena por varios delitos fiscales en régimen abierto en Madrid, aseguró que «fue una bendición que Sergio García se decidiera a comprar el club de la Coma, porque esto permite que siga siendo uno de los mejores de la Comunitat y que los socios puedan seguir disfrutándolo». Por otra parte, fuentes cercanas al proceso de alquiler de las instalaciones a la familia del golfista y la posterior subasta por la que se le adjudicó el club, aseguraron que las decisiones se tomaron «de forma regular» y que «a la subasta no se presentó nadie más, por lo que, legalmente, tenían derecho a la propiedad solo a cambio de la deuda».
Además de Carlos Fabra, tendrían que declarar ante el juez como investigados otros miembros del consejo de administración como su hermano, Luis, o el padre de Sergio García.
